La telefonía fija de cobre ha generado un déficit acumulado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de 453 mil millones de colones entre 2015 y 2020.
A pesar de las constantes solicitudes ante el Regulador para atender esta situación, entre 2009 y 2022 la tarifa del servicio se ha actualizado una única vez, en 2014.
Desde la nacionalización de las telecomunicaciones durante la década de 1960, la prestación de la telefonía fija en Costa Rica se había caracterizado por un mercado monopólico.
El Instituto Costarricense de Electricidad asumió la prestación completa del servicio, sin darse un rebalanceo o un reconocimiento del Regulador. Así lo indicó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta del ICE, en su dictamen PGR-C-238-2021.
Además, el documento de la procuraduría indica que: “La referida disposición transitoria contempla, entre otros elementos, como parte del servicio universal, la conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija que permita a los usuarios finales la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas, así como comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet, con especial atención a aquellos con discapacidad cuyo acceso al servicio telefónico desde una ubicación fija debe garantizarse en condiciones equiparable”.
Según Marco Acuña, presidente del ICE, “Uno de nuestros principios constitutivos es beneficiar a las zonas más vulnerables y brindar los servicios bajo los valores de solidaridad y universalidad. Sin embargo, debemos velar por la protección de los recursos públicos y buscar una solución definitiva a esta situación”.El Instituto Costarricense de Electricidad atiende a más de 400.000 clientes en todo el país, a estos se suma un parque de 2.800 teléfonos públicos. Esta red es la principal afectada por el robo de cobre, delito que entre 2018 y 2022 le ocasionó al ICE una perdida superior a los 10 mil millones de colones.