
Hoy a las 4 p.m. arrancará la mesa de trabajo para la modernización de las leyes que tienen que ver con el transporte público, en especial las relacionadas con el funcionamiento de Uber y la molestia de los taxistas.
Pero cabe destacar que ese malestar va en el sentido de que Uber en Costa Rica no opera con vehículos legales, por lo que ellos, que sí tienen permiso, estarían dispuestos a trabajar con la transnacional.
“Es un tema regulatorio en aras de mantener un equilibrio económico y social, estas aplicaciones deberían de trabajar con carros debidamente autorizados y concesionados por el estado”, comentó Randall Jiménez, de Fuerza Roja Sindical (Furosin).
En este mismo sentido opinó Gilberth Ureña, del Foro Nacional de Taxistas, quien mencionó que están dispuestos a trabajar con cualquier aplicación que siga las reglas establecidas.
“Bienvenidas serán todas las aplicaciones nacionales o extranjeras que vengan a trabajar con las reglas de Aresep, con las tarifas de ley y que sea para los vehículos que cuentan con la concesión del Estado”, dijo Ureña.
Es decir, una de las salidas que se podrían dar es que Uber se convierta en la aplicación por medio de la cual los usuarios puedan llamar el taxi rojo y funcione con la tarifa regulada.
Además, se podría pensar en un estudio de demanda para analizar si será necesario que se den más concesiones para que más vehículos puedan dar el servicio de transporte remunerado de personas.
Pero si esa opción no se diera y se insiste en una liberalización del servicio, entonces lo que insisten es que se debe pagar por los siete años de concesión que quedan.
“Si ellos quieren liberar el sistema de transporte, deben indemnizar a todos los operadores actuales, mientras haya cobro por el servicio entonces debe de haber una regulación”, comentó Jiménez.
Es por esto que durante los últimos días los taxistas se han manifestado y han pedido que se archiven dos proyectos de ley que están en la comisión de asuntos económicos de la Asamblea Legislativa, que buscan regular Uber y estas aplicaciones, pero de una manera que liberaría el servicio de transporte remunerado de personas.
Ellos insisten en que la comisión los traicionó y piden que los archiven para poder buscar uno que sea adecuado a la realidad nacional y que les garantice poder trabajar e igualdad de condiciones.
De momento el movimiento se mantiene suspendido, pero en cualquier momento podrían volver a la calle y mostrar que están organizados y pueden causar un colapso en las carreteras.
Ahora será el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, y su equipo de trabajo quienes deberán comenzar a analizar las posibilidades.