El impacto del fenómeno de El Niño para el bolsillo de los costarricenses aún no acaba, de acuerdo con apreciaciones de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la cual estima que en los próximos meses podría incrementar entre un 7% y un 8% el cobro de los recibos de electricidad.
Así lo informó en el foro técnico “Competitividad de las tarifas eléctricas”, en donde analizaron los efectos que las bajas lluvias de 2023 y los primeros cuatro meses del presente año tienen sobre la generación nacional de energía, que depende casi en un 70% de las plantas hidroeléctricas.
Según indica la organización, durante 2023 se gastó ocho veces más que en 2022 por concepto de Costo Variable de Generación (CVG), debido a la utilización de combustibles fósiles, conforme datos aportados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
A pesar de esto, la Cámara apunta que solo una pequeña parte de este gasto se ha incorporado a las tarifas en lo que va del año, sin embargo, en los próximos meses se prevé que empresas, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), soliciten aumentos tarifarios.
En el primer cuatrimestre de 2024 se ha superado por ¢16.384 millones el gasto por CVG, lo que corresponde a un 57% de lo previsto para este año por la Aresep.
A la fecha la deuda para 2025 suma ¢59.450 millones, según comentó Sergio Capón, presidente de la CICR, quien explicó que hace dos años el país solo producía un 0,1% de su electricidad a partir de derivados del petróleo, mientras que para febrero de 2024 la generación con búnker y diésel alcanzó el 20,54%.
“Consideramos que, más allá de los proyectos de modernización y esfuerzos que se están haciendo a nivel del ICE (…), no es lógico que todavía mantengamos un monopolio de la generación eléctrica”, subrayó.
De acuerdo con el empresario, mantener la dependencia de plantas hidroeléctricas estatales aumenta los costos para la producción y disminuye las posibilidades de consumo de las familias.
IMPULSAN LEY
En el foro se mencionó que una de las iniciativas para reducir el precio final de servicio eléctrico es a través de la apertura del mercado a la generación privada por medio de la “Ley Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, tramitada con expediente N.º. 23.414.
Dicha propuesta recibió dictamen afirmativo de la mayoría por parte de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional de la Asamblea Legislativa en octubre de 2023. Asimismo, tanto la Aresep como el ICE presentaron sus observaciones del proyecto, por lo que continúa con el proceso ante los diputados del Congreso.
Para el presidente de la CICR esto generaría “que entren proyectos que vengan a abaratar los costos y que además esos proyectos se hagan con riesgo privado, no todo el riesgo público como ha sido hasta ahora”.
Por su parte, Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), opina que la aprobación de la Ley de Armonización sería una señal positiva para la atracción de empresas desarrolladoras de semiconductores, lo que potenciaría al país como hub (punto de conexión) en la región.
“Tenemos mucha gente aquí instalada que creyó, que hoy invirtió en este país y que ocupa soluciones de prácticas desde el punto de vista tarifario, así como una enorme oportunidad con el trading, que es básicamente una nueva geopolítica para la atracción de compañías, especialmente en semiconductores, a sitios más cercanos del consumo en los Estados Unidos”, expresó.
POSICIÓN DEL ICE
DIARIO EXTRA consultó a Roberto Quirós, gerente de electricidad del ICE, sobre el impulso del sector industrial a la Ley de Armonización, sin embargo, únicamente refirió que la institución ya había presentado sus comentarios oficiales sobre la propuesta legislativa.
El 30 de enero anterior, la junta directiva del ICE conoció las observaciones técnicas del proyecto por parte del propio Quirós, así como del jefe de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico, Julio Matamoros.
A partir de la exposición, la directiva comunicó que la iniciativa estaba planteada desde objetivos políticos y no desde criterios técnicos, lo que comprometía los intereses públicos. Pese a ello, Quirós expresó que, tal y como están las cosas, todos los sectores deben aliarse con el objetivo común de atraer más consumidores.
“Sobre los mecanismos legales para hacerlo, eso es otra discusión, por ahora lo que tenemos que hacer es buscar cómo asegurar el crecimiento de las empresas y asegurar una tarifa que sea competitiva con las reglas del negocio que tenemos”, finalizó el gerente.