El último informe del Estado de la Nación lo confirma. Hay un choque evidente entre los Poderes de la República y el grado de polarización social alcanza niveles similares a los de la época del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
Y es que el tema de la seguridad ciudadana es solo uno de aquellos en los que no ha existido consenso entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero que además han salpicado en algunos casos al Poder Judicial.
Se trata de una combinación poco sana para poner a caminar al país en esa senda del desarrollo y progreso que queremos todos los costarricenses sin importar la bandera política.
Esto se mide en parte por la cantidad de iniciativas de ley aprobadas, vetadas y reselladas, cuyas potestades son propias en una democracia, pero que a su vez denotan la falta de acuerdos.
La ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea y la propuesta de rebajo del marchamo son dos de los casos en los que la discusión se volvió, por decirlo de forma elegante, complicada.
De acuerdo con el Estado de la Nación, la Administración Chaves Robles sobresale en la cantidad de resellos que se han ejecutado en los primeros dos años de gobierno, para un 75% de leyes vetadas, solo superado por el expresidente Francisco Orlich.
Esta figura del resello se presenta cuando el mandatario determina vetar una ley, pero los congresistas deciden aprobarla de todos modos.
El escenario es descrito como un nuevo ambiente de confrontación. Además, la tasa de éxito del gobierno en sesiones extraordinarias es de las más bajas de la historia.
Sabemos que el Poder Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria, sin embargo, son contados los proyectos que ha logrado encausar a lo interno del Congreso.
Quizá lo que está faltando es una figura capaz de dialogar con el Legislativo y comunicarse de tal modo que las cosas fluyan. Con intransigencia de uno u otro lado, no se logra nada.
Sin embargo, para que sea exitosa esta figura, debe gozar del aval, respeto y respaldo del Presidente en ejercicio. Más importante aún, requiere tener libertad para negociar con la contraparte.
Respetamos el hecho de que existan funciones previstas en la Constitución Política para cada miembro de un Supremo Poder, no obstante, es claro que este trabamiento se está traduciendo en sinónimo de incompetencia.
Ciertamente hay decisiones que polarizan las relaciones, grietas que, con el paso del tiempo, hacen que sea casi imposible reparar el daño que se ha hecho. Esto también pasa en la política.
El presidente Rodrigo Chaves ha dicho que sus puertas están abiertas, y sería de gran importancia que Rodrigo Arias, como presidente de la Asamblea Legislativa, pudiera tener ese acercamiento.
Ambos Poderes tienen un mandato y es vital que se pongan a trabajar en equipo, no solo en el tema de seguridad, sino además en tantos otros que están atascados bajo tantas mociones y burocracia.
No deberíamos permitir que pasen otros cuatro años sin que el país tenga avances, cuando existen tantas y tan buenas ideas que solo necesitan alinearse bajo la comunicación correcta.
En este juego político no gana nadie y pierden los costarricenses. Y, como dice aquella vieja frase: “No puede haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad”. El llamado es a sentarse a dialogar, y entre más pronto, mucho mejor.