Talamanca. Las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ubicadas en Bribrí de Talamanca se hicieron pequeñas para albergar a más de 150 personas que habitan en las zonas fronterizas de Bribrí y Sixaola, quienes se manifestaron en contra de los cobros del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), pues aseguraron que los mismos no proceden porque el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), les entregó los terrenos con escritura hace 40 años.
Según indicaron los vecinos, representantes de las fuerzas vivas del cantón y las autoridades del Concejo Municipal a los diputados de la provincia de Limón de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Movimiento Libertario (ML) el INDER busca cambiarle a las familias las reglas del juego, pues pretende que los títulos de propiedad entregados sean cambiados por contratos de arriendo, por los cuales tendrían que pagar un canon por más de ¢103 mil, al tiempo que se les quiere obligar a cancelar dineros retroactivos por “ocupaciones anteriores” para lo cual deberían pagar otros ¢159 mil.
ÁNIMOS CALDEADOS
Ante esto, los afectados indicaron que están dispuestos a tomar medidas de presión si el gobierno no frena al INDER en sus pretensiones, porque las familias, en gran mayoría de vocación campesina, no pueden hacer frente a los pagos que les quieren imponer.
“Nos están dejando indefensos ante el cobro abusivo de arriendos y restándoles derechos por permanecer en terrenos del Estado, enfatizó el regidor del ML, George Brown.
A esto se sumó el regidor del Partido Liberación Nacional (PLN), Manuel León, quien aseguró que “nadie nos quitará de la zona fronteriza”, al tiempo que reseñó que están dispuestos a defender con sangre las tierras que les fueron entregadas hace cuatro décadas.
Melvin Cordero, alcalde de Talamanca afirmó “las familias han ejercido actos de posesión en forma quieta, pública pacífica e ininterrumpida por más de 40 años” .
DE MUCHA URGENCIA
Para el diputado socialcristiano Walter Céspedes, la situación es urgente y hay que buscar una pronta solución para sentar las bases de un plan de acción que permita encontrar una solución legal al problema que enfrentan las familias de Sixaola.
“El IDA, transformado en INDER, es la institución que pretende eliminar los títulos de propiedad que reconoció a esos núcleos familiares, con el objeto de sustituirlos por contratos de arrendamiento, a 5 años plazo, cobrando a esos humildes agricultores un canon por el uso agrícola de esas mismas propiedades, acción que está pretendiendo desarrollar también con las personas a las que no les había otorgado esos títulos de propiedad -pero que sí venían ejerciendo actos posesorios- obligándolos a suscribir contratos de arriendo que exceden los ¢103.000, además exigirles el pago de sumas retroactivas por concepto de “ocupaciones anteriores”, que superan los ¢159.000.
Al respecto, el diputado libertario Manuel Hernández, reclamó la no participación de la Contraloría ni de la Procuraduría en la reunión porque “son estas las instituciones que deben aclarar la situación de los campesinos de la zona fronteriza” a lo cual sumó que “la Asamblea Legislativa está actuando con dar leyes que darían seguridad pero el caso del los agricultores debe resolverse lo antes posible y pidió al departamento legal del INDER que analice los expedientes de los agricultores”.
Por su parte, Olga Vargas Araya, gerente general del INDER se comprometió a detener el cobro del canon de las tierras mientras se analiza el caso, los habitantes de las zonas fronterizas exigen un compromiso por escrito por parte del gobierno pues temen por la seguridad jurídica de sus casos.