Talamanca perdió ¢11 millones por construcciones ilegales

Un total de 27 construcciones ilegales le costaron ¢11,4 millones a la Municipalidad de Talamanca, debido a la falta de pago de impuestos, sumado a los riesgos asociados a los materiales utilizados, la ausencia de permisos y el incumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

Así lo señala una auditoría especial realizada por la Contraloría General de la República (CGR), la cual expuso serias deficiencias en la gestión del ordenamiento territorial, el otorgamiento de licencias de construcción y la vigilancia de obras en la zona urbana del cantón de Talamanca.

El informe, que abarca el periodo 2023-2024, indica que la Municipalidad no cuenta con un plan regulador urbano vigente y tampoco aplica la normativa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), lo que ha permitido un crecimiento urbano sin control técnico ni legal. “La Municipalidad de Talamanca carece de un plan regulador urbano vigente y no aplica supletoriamente la normativa del INVU, lo que impide establecer criterios objetivos para el crecimiento territorial”, especifica el texto.

Durante el periodo auditado, se otorgaron 1.426 permisos de construcción, muchos de ellos sin cumplir con los requisitos legales, técnicos y documentales exigidos. Además, la CGR detectó que 405 de estos permisos fueron emitidos para obras que ya habían comenzado sin autorización previa.

Como si fuera poco, el ente contralor identificó múltiples expedientes con omisiones graves, como la falta de inspecciones, pólizas de riesgos laborales, certificados de uso de suelo y firmas responsables.

“El proceso de otorgamiento de licencias de construcción se ejecuta sin verificar de forma íntegra los requisitos legales y técnicos establecidos para autorizar las obras”, señala el documento.

La situación se agrava con la falta de vigilancia efectiva sobre las construcciones. La auditoría reveló que no existe un sistema planificado de inspecciones, ni se utilizan herramientas tecnológicas disponibles como drones, tabletas o GPS, lo que ha permitido que muchas obras se desarrollen sin licencia ni supervisión, comprometiendo la seguridad estructural y ambiental del cantón.

“La vigilancia del proceso constructivo no opera bajo un sistema planificado y organizado de control. La Municipalidad cuenta con herramientas tecnológicas, las cuales no se utilizan para realizar las inspecciones”, agrega.

Todas estas problemáticas también representan un riesgo ambiental, ya que se incrementa la posibilidad de afectación a humedales, zonas protegidas y la infraestructura urbana existente.

El informe concluye que estas condiciones reflejan debilidades estructurales en los procesos de planificación, autorización y control, que favorecen la consolidación de construcciones irregulares, afectan la seguridad jurídica y limitan la capacidad de garantizar un desarrollo urbano sostenible.

Diario Extra intentó conocer la posición del alcalde Rugeli Morales para saber qué acciones tomará el gobierno local; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.