La historiadora Paula Palmer resume el origen de la situación en su conocido libro (Wa’pin man. La historia de la costa talamanqueña de Costa Rica, según sus protagonistas. 1986) indicando que tan pronto se abrió la carretera entre Limón y Talamanca las instituciones gubernamentales llevaron a los pobladores un solo mensaje: “esta tierra no les pertenece”.
En 1970 la declaración del Parque Nacional Cahuita despoja la población costeña de sus posesiones y actividades tradicionales; habrían de pasar muchas décadas para que los afectados fueran parcialmente indemnizados. En 1977, 350 familias afrocaribeñas son despojadas de sus fincas de cacao al decretar la Reserva Indígena Kekoldi, provocando un gratuito conflicto étnico que se mantiene hasta la fecha.
En 1985, sin cumplir con ninguno de los requisitos que la ley exige, se crea el Refugio Gandoca-Manzanillo, bajo el engaño de que las posesiones y actividades de los pobladores de Puerto Viejo, Cocles, Playa Chiquita, Punta Uva, Manzanillo y Gandoca, serían respetadas.
A partir del 2007, la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional asumen inexplicablemente el papel de consolidar y ampliar tales desaciertos, oficializando así el mensaje mencionado por Paula Palmer: “esta tierra no les pertenece”. La Contraloría exige al Gobierno anular los títulos de propiedad otorgados por el IDA hace 25 años a los campesinos del sur de Talamanca y pasar sus tierras al Minaet. Un año después, exige a esta entidad revocar los derechos a las poblaciones costeras del Refugio Gandoca-Manzanillo, paralizando así la única actividad socioeconómica y la principal fuente de empleo del Cantón. Poco después, en el 2011, la Contraloría amplía y endurece su acción al prohibir cualquier actividad dentro de las 5.000 hectáreas continentales del Refugio, tanto en la ZMT como en la propiedad privada.
El 2012 no fue ajeno a esta cascada de disposiciones. La Contraloría exige las demoliciones del Complejo Punta Uva, bajo el supuesto de recuperar un ambiente degradado, cuyo único resultado ha sido un verdadero deterioro ambiental antes inexistente. Las peticiones comunales de utilizar las instalaciones para la educación y formación de la juventud del Caribe Sur no fueron escuchadas. Paralelamente, la misma entidad exige el desalojo y demolición de buena parte de las poblaciones de Cahuita y Puerto Viejo, insensatez que lleva al mismo primer vicepresidente de la República a manifestar que se amarraría a tales pueblos para impedir tan descabellada acción.
Resulta incompresible que tal colección de abusos y restricciones sean aplicados a una de las regiones más vulnerables y con un bajo índice de desarrollo social, que no solo arrastra un rezago histórico en infraestructura, sino importantes desafíos en creación de empleo y escolaridad. Los resultados están a la vista, pobreza, desempleo, delincuencia, drogadicción, etc. La única explicación de la Contraloría es que su accionar “se sustenta en una función constitucional de control de la Hacienda Pública”. Es difícil imaginar el enorme costo para el país de tal irreflexivo control.
Por su parte, la Sala Constitucional ha frenado los pocos intentos de solución, bajo el concepto de que, el reconocer los derechos ofrecidos a las poblaciones costeras del Refugio, “viola el derecho al ambiente” pues “desprotege los recursos naturales al dejar a las áreas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricción alguna”. También, es difícil entender que del más alto tribunal de la República emane semejante razonamiento.
*Alcalde de Talamanca