Sutel pondrá filtros para frenar estafas por SMS y llamadas
Consejo aprobó medida tras consulta pública del sector
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Cada día se detecta un promedio de 21 mil intentos de fraude digital en el país, según cifras de ciberseguridad. En 2025, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) detectó 7,9 millones de intentos de estafa.
La mayoría de estos ataques llega por medio de mensajes de texto o llamadas telefónicas, en los que los delincuentes se hacen pasar por bancos, instituciones públicas o empresas conocidas con el fin de robar información personal o dinero.
Ante ese panorama, el Consejo de la Sutel aprobó una resolución que obliga a los operadores de telefonía del país a instalar herramientas tecnológicas para detectar y bloquear este tipo de fraudes, tanto en mensajes de texto como en llamadas.
La medida busca frenar dos modalidades de fraude comunes en el país: el smishing y el vishing. Ambas han crecido a medida que los delincuentes utilizan inteligencia artificial para automatizar los ataques.
Filtros con inteligencia artificial
La normativa, que ya fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, exige a los operadores instalar sistemas de firewall capaces de analizar en tiempo real el tráfico de mensajes que circula por sus redes, con el objetivo de impedir que cualquier mensaje malicioso llegue al usuario sin ser detectado.
La resolución también diferencia entre los mensajes que envía una persona a otra y los que envían las empresas de forma automática, como códigos de verificación o alertas bancarias.
En este segundo caso, los operadores deberán llevar un registro de las empresas autorizadas para enviar ese tipo de mensajes y bloquear a aquellas que no estén registradas.
Mauricio Garro
Experto en privacidad
y derechos digitales
“La responsabilidad de los proveedores existe desde el momento en que ponen en marcha la operación empresarial; es un principio de responsabilidad objetiva que ya contempla nuestra legislación”.
La medida sigue una tendencia internacional
El abogado y experto en privacidad y derechos digitales, Mauricio Garro, considera que la resolución coloca a Costa Rica en una línea regulatoria similar a la adoptada por otras jurisdicciones que han fortalecido la protección de los usuarios frente a la ciberdelincuencia.
“Me parece una resolución muy acertada por parte de la Sutel y que va de la mano con una tendencia que siguen otros países para reforzar la seguridad de la información, promover la transparencia y proteger al consumidor y al titular de los datos personales”, expresó.
El especialista explicó que la resolución no crea obligaciones completamente nuevas, sino que desarrolla principios que ya están presentes en la legislación costarricense.
Entre ellos, destacó la necesidad de contar con el consentimiento de las personas para el tratamiento de sus datos y para el envío de comunicaciones cuando no existe una relación previa entre el usuario y quien las remite.
“El tema aquí es proteger tanto a la persona titular de sus datos personales como al propio consumidor, cada uno por medio de la legislación que ya existe en el país”, concluyó.
Llamadas también quedan bajo vigilancia
Para las llamadas telefónicas, la Superintendencia pide a los operadores adoptar un estándar internacional que permite comprobar si el número que aparece en pantalla es real o fue alterado por los estafadores.
Además, tendrán que habilitar líneas de prueba para identificar a quienes realizan este tipo de fraude y mantener canales para que los usuarios reporten llamadas sospechosas.
Los operadores aplicarán estas medidas de forma gradual, en tres etapas que van desde los seis hasta los dieciocho meses, comenzando por las herramientas básicas y finalizando con las medidas más avanzadas para las llamadas de voz.
También deberán entregar reportes a la Sutel con la cantidad de mensajes y de llamadas identificados como fraudulentos.
La resolución fue aprobada luego de una consulta pública en la que participaron empresas como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Claro, Liberty y Tigo, además del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), cuyas observaciones fueron consideradas en el texto final.