La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) negó que haya atrasos en el proyecto que llevaría conexión a internet en las zonas indígenas del país y por el cual pagará casi $48 millones, es decir, unos ¢29.376 millones.
“Fue adjudicado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su ejecución inició el 16 de setiembre del 2020. El monto total adjudicado por ambos proyectos es de US$ 47,9 millones; desde entonces no ha tenido retrasos significativos y avanza según lo planificado”, externó la Sutel mediante su oficina de comunicación.
Según explica la Superintendencia, el contrato con el ICE se firmó desde marzo, pero el proyecto tuvo que ejecutarse hasta el 16 de setiembre ya que les correspondió suspender el arranque debido a la pandemia.
De acuerdo con Sutel, colocar equipo de conexión en estas zonas es de alta complejidad, debido a los permisos que se requieren para el uso de esos territorios.
“En los territorios indígenas se debe trabajar con las comunidades indígenas, con el fin de contar con el visto bueno para el uso del suelo necesario para la instalación de las torres y los equipos, en beneficio de toda la comunidad. En este sentido, hay sitios que han debido reubicarse debido a hallazgos arqueológicos, o por solicitud de la comunidad”, añadió la oficina de comunicación.
EL PROYECTO
Debido a las afectaciones ante la Covid-19 durante el año anterior, muchos indígenas se vieron perjudicados en el acceso a la educación. Según la Defensoría de los Habitantes, el 80% de esta población no contó con ninguna conexión.
“Se instalarán 53 torres nuevas y readecuarán 7 torres existentes, ubicadas en 14 territorios indígenas, en la Zona Sur y Caribe del país, que brindarán el servicio de voz e internet, así como la cobertura celular 3G y 4G”, comunicó la Superintendencia.
El plan llevaría internet en 2021 a Talamanca Cabécar y Tayní en el Caribe Sur, también en Rey Curré y Salitre en la Zona Sur del país.
POLÉMICA
La polémica se presentó cuando, el 1 de diciembre, 26 diputados de diversas bancadas enviaron una carta a la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, para explicar por qué se atrasaron tanto las obras.
El legislador Wagner Jiménez criticó la lentitud en el avance del proyecto y cuestionó que la presidenta ejecutiva del ICE no ha respondido a la solicitud ni tampoco facilitó el avance en el cronograma de las obras.
Los congresistas que firmaron la carta sostienen que la asignación del proyecto se le dio al ICE desde el 31 de octubre de 2019.
Una de las principales razones que mencionó el legislador para protestar es la cercanía del inicio de las clases en febrero, momento cuando será vital que estas poblaciones cuenten con el recurso tecnológico pertinente.