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Una auditoría elaborada por la Contraloría General de la República concluye que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) carece de un sistema de costeo para determinar el monto del canon de regulación que deben pagar las empresas reguladas.
Dicho cobro, según fundamenta la entidad fiscalizadora del Estado, la Sutel debe disponer de un sistema de costeo apropiado para realizar el cálculo del canon de regulación, de tal manera que garantice el principio de servicio al costo y se contemplen solo los costos necesarios para prestar el servicio de regulación, tal como se indica en el artículo 82 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) Nº7.593.
En su justificación la Contraloría determinó que el objetivo de la investigación es establecer si la Sutel planifica, estima y utiliza los recursos que cobra por la vía del canon de regulación, en cumplimiento de lo que establece el marco normativo y en forma razonable.
Tras la auditoría efectuada por la Contraloría se detectó que no es hasta este año que la Sutel incorporó el proyecto para el diseño de una metodología de costeo, la cual se encuentra en la etapa de revisión del cartel por parte de la proveeduría institucional y que reporta al primer semestre de 2015 un 6% de avance.
De acuerdo con la Contraloría, son tres las direcciones de la Sutel que se financian con recursos del canon de regulación, a saber la de Operaciones, la de Calidad y la de Mercados, las cuales elaboran una matriz denominada “Acta constitutiva del proyecto”, en la que se plasman los objetivos, resultados esperados, metas, montos y plazos requeridos para cada uno de los proyectos a ejecutar.
“En línea con lo anterior, se considera oportuno indicar que han transcurrido cerca de seis años desde la creación de la Sutel, periodo en el que ha contado con recursos económicos suficientes para poder cumplir con el parámetro legal impuesto por el artículo 82 de la Ley N°7.593. Sin embargo, tal como se indicó, no es hasta en el periodo 2015 que el órgano regulador evidencia esfuerzos para la implementación de un sistema que le permita subsanar la deficiencia señalada”, detalla la Contraloría en el documento denominado “Informe sobre el uso de los recursos originados en el canon de regulación de telecomunicaciones”.
La Contraloría procedió al análisis de una muestra de proyectos ejecutados por la Sutel entre 2012 y 2014, periodo en el que se detectó una sobreestimación de costos de un 45,9%.
Durante el periodo de análisis la Contraloría evaluó 15 proyectos con cargo al canon de regulación, que en su totalidad tuvieron un monto estimado de ¢2.309 millones, pero el adjudicado fue de ¢1.249 millones para una diferencia de ¢1.059 millones.
“El hecho de que exista una sobreestimación en el costo inicial de los proyectos tiene el efecto de que la Sutel estima recursos en exceso que posteriormente cobra a los operadores y proveedores de telecomunicaciones por concepto del canon de regulación que al final del periodo subejecuta y desencadena en acumulación de superávit, situación contraria al principio de servicio al costo”, se lee en el informe contralor.
En este sentido la Contraloría ha sido del criterio que los recursos del canon de regulación que deriven en un superávit al final del periodo a favor de la Sutel deben ser reconocidos oportunamente a los operadores, de forma que logren minimizar los efectos adversos descritos con anterioridad.
NO RINDE CUENTAS
Otras de las debilidades detectadas por la Contraloría va en el sentido de que la Sutel no ha cumplido, de manera cabal, con la debida rendición de cuentas sobre el uso de los recursos derivados del canon de regulación, al tiempo que se encontraron imprecisiones en la presentación de la información relativa a proyectos que se financian con el referido canon.
Los informes que presenta la Sutel, en la mayoría de los periodos, que van del 2009 al 2013, son para explicar la situación financiera de la entidad, así como para demostrar la razonabilidad de los informes y el cumplimiento de normas técnicas.
Sobre el particular apunta la entidad fiscalizadora que los informes elaborados por la Sutel, además de no exponer a cabalidad la ejecución del monto cobrado por concepto de canon de regulación, aspecto que también es exigido por la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) en su artículo 62, “no logra demostrar un efectivo cumplimiento del principio de servicio al costo, como lo obliga el artículo 82 de la Ley N°7593; lo anterior por cuanto en dichos informes no se hace explícito el grado de avance de los proyectos ejecutados y financiados con el referido canon de regulación”.
Añade que tampoco se indican los resultados tangibles de la gestión alcanzados durante el periodo correspondiente y además no consta que la totalidad de informes fueran publicitados en concordancia con el principio de transparencia y rendición de cuentas.
“La situación descrita conlleva a que la gestión que realiza la Sutel y que se financia con el canon de regulación no pueda ser evaluada por los actores interesados de forma integral, pues si bien es cierto el órgano regulador planifica una serie de acciones y proyectos en su propuesta inicial para justificar el monto del canon, carece de los instrumentos apropiados para rendir cuentas al final del periodo que determinen el nivel de ejecución de sus metas y proyectos”, se lee en el informe.
En su portafolio de proyectos de 2012 a 2015 se identificó una serie de iniciativas a ser financiadas con el canon de regulación que no permiten establecer con certeza y exactitud si son proyectos nuevos o algunos a los cuales se les han hecho ampliaciones, situación que ha sido criticada por los operadores regulados.
“Comprende la Contraloría General que el desarrollo de estos proyectos se caracteriza por su alta complejidad, lo cual conlleva a la necesidad de elaborar informes preliminares y a desarrollar diferentes metodologías que sirvan como insumos, no obstante, la Sutel en sus futuros proyectos del canon de regulación ha de expresar puntualmente las tareas a desarrollar durante el ejercicio económico correspondiente para cada uno de los proyectos planificados, de forma tal que la formulación de metas sea acorde con las acciones concretas que se ejecutarán para el periodo correspondiente”, acota la Contraloría.