Desde el pasado 19 de agosto entró en vigor la Ley N°10.491 llamada: “Ley para facilitar la regularización de la condición tributaria en apoyo a la formalidad y a la reactivación de la economía”.
Con esta normativa los obligados tributarios que tengan retrasos en el pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA) evitarían el cierre de sus negocios y la medida se sustituiría por una multa.
Esta norma se aplica solo para aquellos notificados por la autoridad tributaria antes del 30 de marzo del 2022. En el caso de las empresas grandes la multa consistiría en 3 salarios base (¢1.386.600) mientras que para el resto sería de un cuarto de salario base (¢115550).
También el contribuyente podría pedir un fraccionamiento de lo adeudado.