Mauricio Pazos, gerente de Asesoría Legal del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), que fue suspendido la semana anterior, asegura que la medida en su contra obstaculiza el proceso legal abierto al auditor de la entidad de apellidos Calderón Torres.
Según comenta Pazos a DIARIO EXTRA, luego de la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en contra de Calderón, por “incumplimiento de deberes” y “administración en provecho propio”, por no inhibirse de estudiar un caso en su contra, el Poder Judicial requiere de un informe de la oficina jurídica del Infocoop, el cual es indispensable para la decisión de Sala Tercera.
El fallo del Tribunal de Apelación ratificó la condena por dos años de cárcel y suspensión del ejercicio de profesión del auditor, con lo cual el abogado de la institución iba a redactar un informe recomendando su destitución sin responsabilidad patronal.
Sin embargo, conforme indica, Calderón presentó un informe de auditoría interna en su contra para que fuera suspendido por la junta directiva de Infocoop, lo que calzó justo con la llegada de sentencia.
A continuación, más detalles de lo que Pazos conversó con el Periódico del Pueblo.
¿Qué fue lo que pasó?
– Calderón no solamente está condenado en Segunda Instancia, sino que justamente el día que me suspendieron, horas antes, había ingresado el informe de las notificaciones de la Corte, al que tenemos que referirnos para que Sala Tercera resuelva. Él presenta informes en mi contra para que me suspendan y con eso creo que el auditor incumple el mismo delito por el que se le está condenando, por no abstenerse a conocer estos informes ya que él tiene el reglamento y el artículo 1, inciso 3 y 7 le impiden hacer ese tipo de cosas debido a que yo soy el abogado director del proceso y ya me referí que a él se le debía de mantener la condena de dos años.
El fallo dice que se acepta la apelación en el cuarto punto, referente a una prescripción.
– Él está condenado en segunda instancia a falta de lo que digan los magistrados, lo que se le acepta es el tema de las costas. El proceso penal tiene dos acciones, la acción pura penal y simple, que es la que busca la condenatoria en el delito, pero está también lo que es la acción civil, o sea, curar el daño patrimonial sufrido. El problema es que esa acción civil se presentó en un momento muy delicado de la institución y se hizo un cálculo de una auditoría forense con el que no hay una correlación directa entre esa investigación con lo que hizo el auditor, entonces, el cobro de ¢80 millones está en exceso y había peligro de que no pudieran condenar las costas. Retiramos la acción civil a cambio de que él no cobrará las costas.
¿Qué pasó con Gecse?
– El proceso de cobro judicial en contra de Gecse deviene de una conciliación con un grupo de interés económico cooperativo compuesto por Cenecoop, Unacoop, Unicoop, CCH, La Catalina y el propio Gecse. Estas cooperativas tenían una deuda con Infocoop que rondaba los ¢450 millones. Por un detalle de intereses se elevó a ¢800 millones. Se acordó una conciliación de pago con un parqueo en San Pedro, valorado por un perito por ¢880 millones. El arreglo básicamente fue cancelar todas las deudas que tenían y el remanente de ¢400 millones aplicarlo a la deuda de Gecse. Posteriormente, en el Contencioso se iba a absorber los intereses del proceso que quedaba. La audiencia es el 19 de junio y ahí quedará homologado el acuerdo, es decir, terminadas las negociaciones. Como hay un proceso de cobro judicial, ese era el que el auditor me endilgaba.