Un proyecto de ley que impulsa María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), revocaría el beneficio de libertad condicional a golondrinas que reincidan en delitos o sean capturados en flagrancia. La propuesta, que se tramita bajo el expediente 23.519, pretende agregar un tercer inciso al artículo 67 del Código Penal para que si un liberado es arrestado por cualquier autoridad policial como sospechoso de cometer un delito, ya sea en flagrancia o durante el curso de la investigación judicial, se le suspenda inmediatamente el beneficio.
El objetivo, según Carballo, es que la persona liberada no siga reincidiendo en su actividad delictiva.
Del mismo modo se obligaría al Instituto de Criminología a tener un listado de todos los condenados que gozan de dicho beneficio.
Dicha lista deberá actualizarse cada vez que a un condenado se le conceda el beneficio y además las autoridades policiales administrativas, judiciales, Ministerio Público y jueces competentes deberán tener acceso inmediato y actualizado a esta.
De acuerdo con Carballo, muchos de los privados de libertad que acceden a libertad condicional, no tienen un adecuado seguimiento y control por parte de las autoridades.
“Lo anterior implica un quebranto al principio de seguridad jurídica de la población civil. Una deficiente o inexistente coordinación a lo interno del Estado permite que los beneficiados o liberados violenten en forma objetiva y subjetiva”, expresó.
¿VIABLE?
DIARIO EXTRA consultó al exmagistrado Carlos Chinchilla sobre el proyecto de ley y la vio con buenos ojos, sin embargo, dijo que su aplicación “en la vida real” podría ser algo lenta. “Es una buena medida. Si no se aplica algo así, va a seguir la alcahuetería que hemos tenido hasta ahora. En la calle anda un montón de gente con tobillera cometiendo delitos en todo momento y eso no puede ser así.
Si no se hace algo así, no tendremos seguridad y los delincuentes seguirían haciendo fechorías.
El Estado tiene que ver cómo aplica medidas en beneficio de la ciudadanía y no en favor de las golondrinas”, manifestó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
“En la aplicación habría que esperar que se resuelvan los procesos, sería algo lento. En caso de aplicarse algo así, se debe hacer una audiencia de medida de reclusión y además dejen el beneficio sin medida.
Eso tarda su tiempo. La propuesta está bien, pero aplicarla puede durar un poquito. Recordemos que en este país la justicia no es pronta ni cumplida”, añadió.
Criterio similar externó el abogado penalista Ewald Acuña, quien considera que la intención es buena, pero se debe “afinar la redacción”.
“La intención es correcta, pero hay que tener claros varios puntos: el arresto no significa comisión de un delito. Puede ser que le falte precisión técnica y podría atentar contra el principio de inocencia.
El arresto podría permitir abusos de autoridad. Le pongo un ejemplo: si a vos o a mí nos confunden con fulano de tal, tenemos un beneficio de tobillera, nos detienen y nos privan de libertad solo por ser sospechosos. Se tiene que afinar la redacción”, indicó el experto.
En las últimas semanas las autoridades judiciales han estado en el ojo del huracán por liberar golondrinas en cuestión de horas.
El último caso fue el de un sujeto de apellidos Bilmore Rialto, capturado el viernes pasado por agresión con arma blanca y asesinato en el Barrio San Cayetano, San José.
Al día siguiente lo dejaron en libertad, generando indignación entre legisladores y el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
María Marta Carballo
Diputada PUSC
“Es urgente tomar acciones que resguarden la integridad de todos los costarricenses y poner mano dura contra aquellos delincuentes que se aprovechan de los vacíos legales para cometer sus fechorías”.
Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
“No podemos seguir así. La policía capturándolos y el Poder Judicial liberándoles de manera inmediata. Hay una crisis que no viene de falta de trabajo del Ministerio de Seguridad. Viene de que hay una puerta rotatoria en las cortes, pareciera”.