Cuatro alcaldes y cinco regidores de la Zona Sur serán suspendidos por 15 días sin goce de salario, dieta o estipendio, debido a las acciones que ejecutaron en perjuicio de la extinta Federación de Municipalidades de la Región Sur de Puntarenas (Fedemsur).
Así fue resuelto por la Contraloría General de la República, la cual mantiene parcialmente el voto de la resolución 1941-2023 (DJ-0279) de marzo anterior.
Se trata del alcalde de Golfito, Elberth Barrantes Arrieta; el de Buenos Aires, José Rojas Méndez; el de Pérez Zeledón, Jeffry Montoya Rodríguez; y el de Osa, Rafael Ángel Navarro Umaña.
A ellos se les encontró responsables de tomar un acuerdo fuera de la ley en mayo de 2019, al condonar deudas por más de ¢200 millones de sus respectivos municipios por atrasos en cuotas de afiliación, en su calidad de miembros de la asamblea general y del consejo directivo de Fedemsur, lo que acabaría por vaciar las arcas de la dicha organización, provocando su cierre definitivo.
Aparte de los alcaldes arriba señalados, la Contraloría recomendó sancionar con 15 días de suspensión a Camilo Diego Cedeño, presidente municipal de Golfito; Fanny Elena Rojas Badilla, ex vicepresidenta municipal de Buenos Aires; Hanz Cruz Benamburg, presidente municipal Pérez Zeledón; José Bernabé Chavarría Hernández, presidente municipal de Corredores; José Joaquín Porras Jiménez, regidor de Osa; y Rolando Gamboa Zúñiga, presidente municipal de Coto Brus.
“La Asamblea General de Fedemsur no estaba facultada para condonar las deudas por cuotas de afiliación de las municipalidades que la conforman, tal y como lo realizó el 3 de mayo de 2019 mediante acuerdo ACU-04-EXT-XX-2019”, se lee en la resolución de la Contraloría.
FUERA DE LA LEY
Para perdonar el pago de las municipalidades se debía hacer mediante un proyecto de ley, de acuerdo con el órgano contralor.
“Al tratarse de un crédito a favor de un ente de derecho público, forma parte de la Hacienda Pública y está sometido al principio de legalidad financiera, lo que implica que salvo que exista norma de rango legal en contrario, debe gestionarse y realizarse el cobro correspondiente”, añade.
El presupuesto de Fedemsur del 2019 era inferior a ¢50 millones (cuatro veces menos que la condonación), por lo que no se acoplaba al principio de legalidad financiera, al no contar con estudios técnicos que respaldaran la decisión y al no ser a través de un proyecto de ley, según señala el ente contralor.
Para la Contraloría, la Federación debió considerar primero la posibilidad de obligar a las municipalidades a pagar, a través de una ejecución forzosa de las sumas adeudadas, según el numeral 149 inciso 1 subinciso a) de la Ley General de la Administración Pública.
El ente fiscalizador señala también que la junta de la Federación tenía la posibilidad de llegar a algún arreglo de pago con los ayuntamientos afiliados.
SE LIBRARON
Sin embargo, la Contraloría libró de responsabilidad a Fedemsur por la aprobación de sus propios presupuestos, los cuales dependían de la posterior aprobación del pago de las cuotas municipales, aprobaciones que no se dieron en algunos casos por no contar con la confirmación de los concejos municipales.
“Es criterio de este despacho que tal y como lo plantean dos de los recursos objeto de conocimiento, la falta intimada no puede tenerse por cometida, en el entendido que según lo indicado, la Asamblea General, a pesar de ser el órgano superior de la Federación (…) no tiene entre sus facultades los procesos de aprobación y ejecución presupuestaria”, señala la Contraloría.
A partir de esto se libraron de la sanción Carlos Hugo Viales Fallas, alcalde de Corredores; Sonia Alpízar Rodríguez, regidora de Golfito; y Trina Giselle Vega Alvarado.
CIERRE DE FEDEMSUR
La falta de recursos afectó la capacidad de mantenerse trabajando de la Federación, que desde inicios de 2022 tuvo problemas para mantener su equipo de trabajo y se desintegró en noviembre del año pasado. A partir de ese momento se instaló una junta liquidadora.
En diciembre de 2022 DIARIO EXTRA contactó a Steven Alberto Barrantes Núñez, presidente de Fedemsur, quien dijo que “la Federación se encuentra en un proceso de disolución y, más allá del proceso de la disolución, es importantísimo indicar que no contamos con funcionarios de planta. En la misma Federación, desde mi llegada, hubo que tomar algunas decisiones por las situaciones que se presentaban”.
Fedemsur debía recibir ¢10 millones al año de cada una de las municipalidades que la integraban (Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus, Buenos Aires y Pérez Zeledón).
De acuerdo con la información brindada, la Federación contaba con recursos por cerca de ¢50 millones a la hora de su cierre, sin embargo, debía cumplir con deudas adquiridas como el pago de ¢30 millones por la compra de un edificio y las responsabilidades patronales con sus colaboradores.