El juicio contra 16 imputados de la organización criminal Los Lara debió suspenderse una hora, ya que se conocieron supuestas amenazas contra los acusados y cualquier otra persona que se relacione con ellos.
El debate se realizó en el Primer Circuito Judicial de San José y empezó con una hora de atraso.
Eduardo Rojas, juez del Tribunal Penal de Pavas, le pidió a Tony Porras, jefe de la sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que explicara por qué no se presentaron los dos hermanos de nombre Juan y Julio, supuestos líderes de la banda, así como un tercer reo.
“Hay amenazas de interceptación a las caravanas de traslado de los imputados de forma directa en redes sociales, las quitan y ponen”, manifestó el representante del Ministerio Público. Walter Chaves, abogado de Juan Lara, confirmó que las advertencias sobre agresiones contra los miembros de la agrupación se dieron a conocer el fin de semana y criticó al Poder Judicial por no tomar las medidas necesarias para la seguridad.
“Yo creo que ninguna situación de amenaza que llegue a poder darse en una sala de juicio pueda tomarse a la ligera. Aquí hay periodistas, jueces, defensores, público y ninguna amenaza por pequeñita que sea puede desestimarse y dejarse de lado”, declaró.
Al parecer las intimidaciones vienen de un grupo que se hace llamar Frente NoLaras, que se denomina como la nueva generación de los barrios del sur.
“¿Corremos peligro? Para mí sí, más si no se toman medidas por parte del Poder Judicial y las autoridades competentes”, comentó Luis Marín Mena, abogado de dos de los imputados. Tras escuchar los argumentos, con el fin de mejorar la seguridad, el juez reprogramó el juicio contra Los Lara para este miércoles a las 8:30 a.m.
ANTECEDENTES
El Poder Judicial presume que los imputados conformaron una estructura criminal vinculada con la infracción a la Ley de Psicotrópicos.
Aparentemente llevaron a cabo la actividad ilícita en comunidades del sur de San José, principalmente en Sagrada Familia, Cristo Rey, Hatillo y Alajuelita.
“Se sospecha que la estructura criminal se dedicó a la venta de cocaína, marihuana y crack a mediana escala; actividades que habrían logrado llevar hasta Santa Ana y el cantón de Garabito en Puntarenas”, explicaron.
Supuestamente los miembros de la banda utilizaban armas de fuego de diversos calibres y actuaban de forma violenta para defender sus territorios y garantizarse el control de los sitios destinados a la venta de las sustancias prohibidas.