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El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la Ley 9.577 que suspende por tres años los desalojos en las zonas marítimo terrestre, fronterizos y de patrimonio natural del Estado.
Durante este periodo no se podrá desalojar personas ni demoler obras, sin embargo se excluyen aquellos casos que ya se resolvieron por medio de una resolución judicial o administrativa tras considerarse una amenaza ambiental.
“Familias costarricenses han construido sus hogares y desarrollado actividades productivas como pesca artesanal, ganadería, turismo y agricultura en áreas que forman parte de la zona marítimo terrestre, de la zona fronteriza y del patrimonio natural del Estado”, citó el comunicado de Casa Presidencial.
Desde Presidencia indicaron que la ocupación se dio en muchos casos sin contar con una concesión del Estado, lo que provocó que diversas entidades se vieran obligadas a promover procesos de desalojo.
Según el Ejecutivo, el plazo de tres años servirá para que se desarrolle el análisis desde el Plenario Legislativo sobre la promulgación de un ordenamiento territorial para resolver estas problemáticas.
DIARIO EXTRA conversó con Henry Picado, presidente de la Federación Ecologista de Costa Rica (Fecon), quien manifestó que esta medida podría ser ilegal.
Picado acotó que la moratoria es corta, aunque señaló que estos proyectos de carácter privado no deberían estar ahí por ser parte de zonas protegidas o patrimonio del Estado.
“Los desalojos en zona marítimo terrestre es una materia evaluada por la Sala Constitucional y la declaró inconstitucional. La moratoria que caducó el año anterior fue ampliamente cuestionada. La nueva moratoria tiene el mismo carácter y por lo tanto vendría hacer ilegal en términos ambientales”, indicó.
El especialista en materia ambiental indicó que están evaluando la posibilidad de presentar un recurso a instancias judiciales si no se corrige esta problemática.