Luego de una serie de publicaciones de DIARIO EXTRA donde se alertaba la orden irregular de desalojar a varios concesionarios de hangares en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, se puso un freno a la ejecución.
Así consta en la resolución del Juzgado Penal de Hacienda, de la cual El Periódico de Más Venta en Costa Rica tiene copia.
En el documento correspondiente al expediente 21-000423-0283-PE, donde se tramita una denuncia por prevaricato, se dictó una medida cautelar atípica del artículo 140 del Código Procesal Penal.
En la resolución emitida el 8 de noviembre se ordenó la suspensión del desalojo de los hangares.
“De conformidad con el artículo 140 del Código Procesal Penal, se suspende el desalojo administrativo que fuese ordenado mediante resoluciones 220-2017 de las 12:40 horas del 27 de octubre del 2017 y 227-2020 de las 17:35 horas del 21 de diciembre del 2020, emitidos por el Consejo Técnico de Aviación Civil, de los hangares 46 A y 46 C, actualmente 62 y 64 en el Aeropuerto Tobías Bolaños Palma. El plazo por el cual se suspende dicho desalojo es provisionalmente durante la fase de investigación de este proceso penal o hasta que en sede contenciosa administrativa se disponga lo contrario”, indica la resolución emitida por el juez penal Félix Castellón Ruiz.
EL CASO
Una empresa costarricense denunció al viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Olman Elizondo, en calidad de presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), así como a los demás miembros de dicho grupo por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
La demanda penal se tramita en la Fiscalía Adjunta de San José bajo el expediente 21-000423-283-PE.
En ella se denuncia a Elizondo, así como a Eduardo Montero González, Roberto Arce Garita, Tatiana Pérez Peña, Juan Chaves Noguera, William Rodríguez López, Daniel Araya Barquero, Karla Barahona Muñoz, Sofía García Gómez, Gonzalo Coto Fernández y Gustavo Segura Sancho.
De acuerdo con la demanda, en la sesión ordinaria 73-2013 de Cetac, en el artículo décimo, se aprobó el permiso de uso de precario que autorizaba a la empresa costarricense a utilizar un hangar en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños.
La intención de este permiso era que brindara servicios de aviación agrícola con aeronaves de ala rotativa y ala fija por todo Costa Rica.
Pese a este otorgamiento de permisos, los miembros del Cetac dictaron las resoluciones 220-2017 del 27 de octubre del 2017 y 227-2020 del 21 diciembre del 2020, en las cuales aprobaron desalojar varios hangares, en apariencia, por intereses empresariales.
Para emitir estas órdenes de desalojo, en los informes de inspección realizados se indica que los hangares se destinan a taller o bodega, o la actividad respectiva.
No obstante, quien hace dicha inspección no menciona que se trata de talleres o bodegas destinadas a aviones, por lo cual consideran que se dio una mala fe en la ejecución de dichos informes, lo que promovió la orden de desalojo que tiene en ascuas a más de 100 personas.
Esto pese al cumplimiento de los requisitos exigidos y a la actuación conforme a derecho de los ocupantes.
Por este motivo, el Ministerio Público solicitó que se dictara la suspensión del desalojo de los hangares, medida cautelar que respaldaba en un documento emitido por la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.
Además, tras las publicaciones de DIARIO EXTRA se borró la información de una pizarra ubicada en la oficina de una funcionaria de apellidos Cascante Ureña, jefa de Unidad del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños en Pavas, donde se señalaba que hoy 10 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. se efectuarían los desalojos programados a seis empresas.