Tras la detención de un hombre de apellidos Coto Pereira, jefe de fiscales de Turrialba, como sospechoso de los delitos de abuso de autoridad, peculado de uso y falsedad ideológica, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública le dictó medidas cautelares mientras se lleva a cabo la investigación para determinar si, aprovechándose de su investidura, otorgó beneficios a grupos narcos.
Coto, quien forma parte del Poder Judicial desde hace más de 25 años, fue detenido por agentes de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras una serie de allanamientos que se realizaron en su residencia, ubicada en Loma Azul de Turrialba, así como en las oficinas de los tribunales, donde los agentes decomisaron documentos físicos y digitales que son de relevancia para el caso.
Después de la detención del funcionario, Carlo Díaz, fiscal general de la República, dijo que lamentaba el hecho al asegurar que esto demuestra la fortaleza del sistema judicial costarricense y que el caso lo tramita su despacho para garantizar la transparencia y la confianza de la ciudadanía.
“Somos una institución que persigue el delito y nos duele que se den actuaciones aparentemente regulares, sin embargo, seremos rigurosos al aplicar nuestra legislación cuando se conozca de la existencia de un delito que cometa nuestro personal.
Son pocos los casos, pero aseguramos a la población que siempre que los detectamos actuamos con firmeza para garantizar la transparencia”, sentenció.
Desde hace varios meses se lleva a cabo esta investigación en la que, al parecer, Coto habría tomado decisiones judiciales que beneficiaron a narcotraficantes, por lo que bajo el expediente 23-03 3297-0042-PE se ordenó la suspensión del cargo por seis meses, así como la prohibición de acercarse tanto a los tribunales donde se encuentra el despacho en que labora como el contacto con testigos.
Al cierre de edición se desconocía si dicha suspensión sería con o sin goce salarial.