La junta directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) decidió suspender al gerente de Asesoría Legal de la institución, de apellidos Pazos Fernández, por un presunto daño patrimonial de ¢708 millones.
Esto porque habría dejado un saldo descubierto, correspondiente a una operación de crédito. El tema se abordó como parte la sesión de dicho órgano.
Fuentes ligadas al sector cooperativo contaron que Pazos Fernández habría firmado como subdirector ejecutivo a.i. sin ostentar la representación legal del Infocoop.
Pese a ello, aparentemente solicitó la finalización de un proceso judicial en contra del Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos, R.L. (Gecse, R.L.), lo que supondría dejar un saldo descubierto y la prescripción de intereses de la deuda.
Adicionalmente, según supo DIARIO EXTRA, el abogado tendría otro proceso abierto debido a una denuncia por aparente beligerancia política.
PARA IMPEDIR QUE RINDIERA INFORME
La decisión de suspenderlo se tomó en la sesión ordinaria No.4330, celebrada el martes 21 de mayo, luego de que el auditor de la institución, de apellidos Calderón Torres, presentara los informes de la Auditoría Interna AI 081-2024 y AI 086-2024.
Esto se dio justo un día antes de que saliera el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en contra de Calderón, en el cual se ratificó su sentencia de dos años de prisión por desestimar una investigación en su contra.
No obstante, el caso se fue a Casación, de acuerdo con fuentes allegadas al movimiento cooperativo.
Pazos alega que la suspensión en su contra se ordenó para impedir que desde su despacho rindiera un informe en el que recomendaría la destitución de Calderón de su cargo, con base en el fallo del Tribunal.
La notificación sobre el procedimiento administrativo contra Pazos se le entregó la mañana siguiente de la sesión de la directiva, de conformidad con los oficios JD 088-2024 y JD 089-2024.
Ahí se le informa que fue suspendido con goce de salario por un periodo de tres meses, mientras se realiza el proceso de investigación, a la vez que se le retira el recargo de funciones de la subdirección ejecutiva interina.
Pazos además comentó a El Periódico del Pueblo que la medida puede ser una especie de represalia por recomendar que el director ejecutivo de la institución, Alejandro Ortega, no realizara un viaje a España costeado por el Infocoop, donde recibiría una capacitación.
El abogado comentó a este medio que inmediatamente se le notificó la suspensión presentó una denuncia por acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
SENTENCIAS
El auditor fue condenado el 30 de junio de 2023 en primera instancia por el Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública a dos años de prisión, con beneficio condicional de la pena.
Se le perseguía por los delitos “incumplimiento de deberes” y “administración en provecho propio”, mediante sentencia número 375-2023.
De acuerdo con el fallo, Calderón no se inhibió de estudiar dentro de su función como auditor de Infocoop una denuncia que lo incluía. Asimismo, la desestimó y ordenó su archivo por medio de la resolución AI 269‑2016 del 15 de diciembre de 2016.
La sentencia en primera instancia ordenó también su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante dos años.
A partir de esa denuncia, el Consejo de Gobierno inició en febrero de 2017 la intervención del Infocoop por aparentes irregularidades en los préstamos que otorgaba.
No obstante, el Voto 2024-0467 del Tribunal de Segunda Instancia, cursado con expediente 20-000034-1218-PE (1), halló con lugar el cuarto motivo de la apelación, el cual indicaba que en los procedimientos se observaron las prescripciones legales pertinentes.
“En consecuencia, se condena al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo al pago de ambas costas de la acción civil resarcitoria promovida por dicho ente”, se lee en el fallo.
POSICIÓN DE LA DIRECTIVA
Los motivos de la investigación contra Pazos no se hicieron públicos debido a que, “según lo establecido en la Ley de Control Interno, esta tiene carácter de confidencial”, informaron en el Infocoop.
“A la fecha no tenemos conocimiento de que ya exista alguna resolución de la Sala Tercera y de la cual el Instituto haya sido notificado”, manifestó Geovanny Villalobos, presidente de la directiva del Infocoop.
Sobre por qué se mantiene como un hombre de confianza el auditor Calderón, luego de ser condenado, al menos en primera instancia por el delito administración en provecho propio, Villalobos dijo que “el principio de inocencia se mantiene hasta que una sentencia lo desvirtúe, por lo que seguimos apegados a los procesos”.
De igual forma, el presidente de la directiva declaró que la suspensión del asesor legal no tiene ninguna relación con que este se opusiera al viaje del director ejecutivo a España.
“Este tema no es parte de lo que se incluye en los informes de la Auditoría Interna”, sentenció.