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Información de inteligencia sobre posibles amenazas contra la integridad de la presidenta Laura Fernández y los miembros del Consejo de Gobierno estuvo entre las razones que llevaron a las autoridades a establecer filtros de ingreso, anillos de seguridad y cierres viales durante los actos del 14 de setiembre en Cartago.
Documentos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), de los cuales Grupo Extra tiene copia, detallan que el 4 de setiembre, a las 9 a.m., se realizó una reunión de análisis de riesgo con representantes del Ministerio de la Presidencia, el MSP, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Policía Municipal de Cartago.
Durante ese encuentro se analizó información referente a posibles amenazas contra la mandataria y los integrantes del gabinete, lo que llevó a las autoridades a realizar, apenas dos horas después, una inspección técnica en la Plaza Mayor de Cartago para definir las medidas de seguridad que se aplicarían, según el departamento de Planes y Operaciones.
En ese recorrido se determinó la ubicación de las vallas, el primer y segundo anillo de seguridad, así como la instalación de filtros para controlar el ingreso de personas e impedir el acceso de armas de fuego, armas blancas u otros objetos considerados peligrosos.
También se planificaron ocho cierres viales temporales en las inmediaciones de la Plaza Mayor y las Ruinas de Cartago.
Una segunda reunión, efectuada el 10 de setiembre, permitió actualizar la información de seguridad ante las convocatorias a manifestaciones en diferentes parques del país.
La aplicación de los controles generó polémica el propio 14 de setiembre, cuando ciudadanos denunciaron que debían presentar su cédula para ingresar al perímetro cercano a la actividad oficial.
Según el MSP, los filtros pretendían regular el flujo peatonal, prevenir aglomeraciones, detectar objetos peligrosos y mantener separadas las áreas destinadas a autoridades, estudiantes, invitados, protocolo y prensa.
El regidor liberacionista de Cartago Caleb Pichardo solicitó al ministro Campos aclarar lo que considera contradicciones entre las respuestas brindadas por Seguridad Pública y los documentos operativos utilizados para organizar el despliegue.
“Lo que estamos solicitando es claridad, transparencia y que se establezca la verdad de lo ocurrido. Cuando existen diferencias entre documentos oficiales y hechos que han sido denunciados públicamente, corresponde a las autoridades brindar explicaciones completas y verificables a la ciudadanía”, afirmó Pichardo.

