Carlo Díaz, fiscal general de la República, sugirió que se podría ampliar el plazo de prisión preventiva para los casos complicados que tengan relación con el crimen organizado.
Hizo esta afirmación durante su audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a la que fue citado para referirse al caso Turesky.
En la actualidad el plazo de prisión preventiva en casos de crimen organizado puede llegar hasta los cuatro años, sumando la ordinaria y extraordinaria por prórroga.
La sugerencia del fiscal surgió tras la consulta del legislador Gilbert Jiménez, durante la audiencia en dicho foro legislativo.
“¿Qué reforma ocuparíamos? Que la prisión preventiva, los dos años de prisión ordinaria y los dos años de prisión extraordinaria, sea simplemente para la primera fase.
Podría haber una reforma, en el sentido que exista una prórroga, ya cuando el asunto ha pasado a las siguientes etapas, como la intermedia o juicio. Estos juicios duran un año o más”, manifestó Díaz.
Además dijo que actualmente no existe la capacidad de infraestructura para atender los nuevos casos de crimen organizado.
“Hay que ir tomando previsiones, analizando lo que está sucediendo ahora. Existen solo dos tribunales para hacer juicios de JEDO (Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada), lo que significa dos juicios al año (…). Aunque suena extenso cuatro años de prisión preventiva, este tipo de casos son muy diferentes a los normales. En un caso normal sería exagerado, pero en este tipo de casos se requiere analizar gran cantidad de prueba”, explicó el fiscal.
De acuerdo con Díaz, “sobre el camino” se han dado cuenta que este plazo de cuatro años es insuficiente para la prisión preventiva.
La Fiscalía indicó que la JEDO en este momento no tiene “el músculo necesario” para atender todas las causas de crimen organizado.
TARDANZA
Fernando Zamora, abogado constitucionalista, considera que no es conveniente la intención de ampliar los plazos de prisión preventiva para estos casos de crimen organizado.
“Mi criterio es que los fiscales y el sistema judicial actúen de forma pronta y no más bien que, por el contrario, cada vez se les den más márgenes y más tiempo para que no haya una justicia pronta y cumplida, más en un caso de delitos graves, donde deben la justicia y las fiscalías ser rápidas, así como contundentes”, expresó.
Aseguró que desde el punto de vista jurídico lo importante es no desestimar el concepto de razonabilidad y proporcionalidad.
“Decir que una prisión preventiva pueda exceder los cuatro años podríamos hablar de una situación que quebrante la razonabilidad o la proporcionalidad porque al tener cuatro años un imputado peligroso sin sentencia se abre una puerta para seguir la alcahuetería que un juez lo libera porque no está sentenciado”, agregó.
Según el experto, entre más se extiendan los plazos para la prisión preventiva, más riesgo existe de que no haya celeridad de los tribunales y siga el “sedentarismo jurisdiccional”.
CASO TURESKY
Este caso está relacionado con una investigación que empezó en 2018 por tráfico de drogas a Europa y Estados Unidos, adonde se trasladaron más de 1.300 kilogramos de cocaína.
Por eso se realizaron más de 30 allanamientos y se detuvo a 23 personas en 2021, mientras que en junio de este año un tribunal ordenó la liberación de 10 imputados que estaban en prisión preventiva, a pesar de que la Fiscalía quería extender la medida.