Superintendente quiere poder para intervenir juntas directivas
Tomás Soley, titular de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), mantiene la posición de que el descalabro del Grupo Financiero Aldesa se debió a la falsificación de datos y no a la falta de supervisión de la entidad.
A su criterio había una estructura paralela y una oferta pública no autorizada por parte de la compañía, lo que dificultó que el órgano supervisor se percatara de lo acontecido.
“Ahora hay que tener claro que, ante la falsificación de datos, el ocultamiento de información al supervisor, cosas que disparan eso y que logran intervenciones, pero hay temas que a veces quedan ocultas, simplemente porque hay un mal gobierno corporativo”, explicó.
Soley cuestionó también a las juntas directivas de empresas que se han visto en problemas de liquidación, pues han ocultado o “maquillado” información financiera. Por eso asegura que las superintendencias deberían tener mayores capacidades para incluso vetar a los directivos.
“Ese foco de buscar mayor idoneidad en la junta directiva, en la plana gerencial y mayores capacidades de la Superintendencia para poder vetar inclusive algunos miembros de sus cuerpos es necesario, para actuar de manera mucho más temprana”, agregó.
Diario Extra le consultó sobre las mejoras que han implementado tras la intervención y liquidación de Aldesa.
“Desde que yo estoy acá se han hecho varios cambios internos, no necesariamente por este caso. Deja enseñanzas, se ha ido ajustando el modelo de supervisión y las intervenciones tempranas que se hacen con distintos actores”, afirmó.
Sin embargo, no dio detalles más específicos de las mejoras que han hecho tras la quiebra de la compañía.
Impunidad, según
presidente Chaves
El presidente Rodrigo Chaves en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno recordó el caso de la liquidación de Aldesa, ante la consulta de cómo Costa Rica se estanca en índices de corrupción.
“¿Diamante no fue corrupción? ¿Y Cochinilla? ¿Aldesa no fue un robo de al menos $250 millones? ¡Y todo el mundo queda impune!”, manifestó.
La audiencia preliminar que determinará si el caso se eleva a juicio tiene fecha para el 3 de noviembre al 12 de diciembre de 2025.
Por este caso hay 23 personas señaladas como sospechosas de estafa e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, entre ellas directivos y corredores de bolsa. Además seis funcionarios de la Sugeval aceptaron pagar más de ¢2 millones para evitar un juicio por incumplimiento de deberes.
