Sugef rechaza proyecto para quitar recursos al Banco Popular y financiar pensiones

Advierte riesgos por eliminación de fuente permanente de capitalización

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La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) emitió un criterio negativo sobre el proyecto de ley 25.721, debido a que se elimina una fuente permanente de capitalización del Banco Popular, y recalcó que se requieren estudios que determinen sus consecuencias financieras.

La iniciativa impulsada por el Gobierno pretende trasladar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) el 50% del aporte patronal que actualmente se utiliza para fortalecer el patrimonio de la entidad, con el propósito de financiar pensiones para adultos mayores en condición de pobreza.

“Esta Superintendencia no considera conveniente la aprobación del proyecto de ley en tanto no se disponga de los elementos técnicos necesarios para valorar adecuadamente sus implicaciones prudenciales”, señala el oficio firmado por Hazel Valverde Richmond, superintendente general de Entidades Financieras.

La posición de la Sugef introduce nuevos cuestionamientos técnicos a la reforma, que ya recibió dictamen favorable en comisión y avanzó al Plenario Legislativo para continuar su discusión. Uno de los principales señalamientos se dirige a los argumentos utilizados para justificar que el Banco Popular puede prescindir de una parte de sus ingresos sin comprometer su funcionamiento.

La Superintendencia cuestionó que la exposición de motivos utilice los indicadores patrimoniales actuales y las calificaciones de riesgo como evidencia suficiente para respaldar el traslado.

“Una posición patrimonial sólida en determinado momento no permite concluir que la eliminación de una fuente recurrente de capitalización carece de efectos sobre la evolución futura del patrimonio de la entidad”, advirtió el órgano supervisor.

El documento explica que los indicadores financieros disponibles reflejan el funcionamiento del banco bajo el régimen de aportaciones vigente, por lo que no permiten anticipar automáticamente su comportamiento después de la reforma.

La Sugef también recordó que Moody’s Local Costa Rica identificó, en agosto de 2025, el sistema actual de aportaciones como uno de los factores que contribuyen a la fortaleza patrimonial del Popular.

Asimismo, la calificadora contempla posibles modificaciones a su ley constitutiva que afecten el perfil financiero como uno de los riesgos para su calificación.

La Superintendencia considera indispensable realizar una evaluación prospectiva que permita calcular las necesidades futuras de capital, la generación interna de recursos y el crecimiento esperado de los activos ponderados por riesgo.

También solicita incorporar escenarios adversos para determinar cómo respondería la institución ante posibles pérdidas o condiciones desfavorables.

“Su eventual aprobación implicaría eliminar uno de los mecanismos legales de capitalización de la entidad, cuyos posibles efectos sobre su solvencia, capacidad de crecimiento y sostenibilidad financiera deben considerarse desde una perspectiva prudencial”, indicó la Sugef.

El órgano supervisor aclaró que sus cuestionamientos no significan que la reforma necesariamente provocará problemas de solvencia, sino que todavía no existe información suficiente para descartar ese riesgo.

Además, distinguió entre la conveniencia de financiar nuevas pensiones y los efectos de reducir los recursos que recibe una institución bancaria.

La definición de fuentes de financiamiento del RNC corresponde a las autoridades responsables de las políticas de seguridad social y a los diputados, mientras que la Sugef debe evaluar los riesgos financieros del Banco Popular.

El expediente propone utilizar los recursos para financiar pensiones de adultos mayores en pobreza extrema y pobreza básica, manteniendo el destino legal de la otra mitad del aporte patronal.

La Superintendencia emitió su criterio mediante el oficio SGF-OFC-1263-2026, fechado el 9 de octubre de 2026, en respuesta a una consulta de la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa.

La recomendación oficial es no aprobar el proyecto en sus términos actuales hasta contar con una evaluación técnica de sus efectos sobre la capitalización y estabilidad financiera del Banco Popular.