SUGEF pide suspender proyecto que protege a víctimas de estafas bancarias

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) anunció su oposición al proyecto de ley “Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica”, que se tramita bajo el expediente 23.908.

La Sugef les solicitó a los diputados suspender el avance en segundo debate de la iniciativa, sostener la consulta a la Sala Constitucional y corregir las inconsistencias presentes para asegurar la eficiencia de la ley.

“El proyecto promueve una ilusión de seguridad que podría no materializarse, debido a su inviabilidad operativa y a los riesgos legales que plantea. Esto podría traducirse en una ley inoperante en la práctica, alejándose de una protección efectiva para la persona usuaria. Lo anterior se contrapone a los principios de una política pública responsable”, indicaron por medio de un comunicado de prensa.

Riesgos identificados

La Sugef remitió una solicitud expresa a la Asamblea Legislativa donde detalla varios defectos en el diseño de la iniciativa.

• Disputas pueden terminar en tribunales: El texto pretende que la Sugef valide, en plazos muy reducidos, casos complejos con base en expedientes técnicos elaborados por las entidades financieras, sin establecer un procedimiento claro que garantice un contraste adecuado de las posiciones de ambas partes y de la evidencia correspondiente. Esto puede desplazar el conflicto hacia la vía judicial y generar demoras, costos y frustración para las partes afectadas.
• Desnaturaliza el rol de la Sugef: El proyecto le asigna funciones propias de un tribunal o una instancia de resolución de controversias caso por caso, lo que es incompatible con las funciones que tiene asignadas por ley. Se generan riesgos para el debido proceso y la seguridad jurídica, lo cual suele terminar perjudicando precisamente a quien se pretende proteger. 
• Deja al usuario en desventaja: Una ratificación administrativa por parte de la SUGEF puede inclinar el curso del caso desde una etapa temprana y aumentar la desigualdad real entre las partes.
• Contraviene el marco institucional vigente: El proyecto le asigna a la Sugef competencias regulatorias que le corresponden al Conassif y atribuciones en materia de controversias individuales que son propias de instancias judiciales. Esta incompatibilidad podría volver la ley más frágil, litigiosa y con mayor riesgo de impugnaciones.