Rocío Aguilar, titular de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), cree que en caso de que deba fiscalizarse la actuación de una asociación solidarista, la tarea debe recaer en el Ministerio de Trabajo.
Así lo mencionó a los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se analiza el expediente 22.980, que consiste en una reforma para el fortalecimiento de las asociaciones solidaristas.
La iniciativa establece: “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá actuar de oficio o por denuncia, en los casos especiales de anomalías en el funcionamiento de alguna organización solidarista en relación directa con la materia laboral derivada de la Ley de Asociaciones Solidaristas, y en especial todo lo referente al aporte patronal del auxilio de cesantía”.
Aguilar alega que estas organizaciones no hacen intermediación financiera y por tanto la Sugef no tiene vela en ese entierro.
“Uno podría quedarse solo en el concepto de intermediación, pero son entidades que nacen sin una autorización del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)”, recalcó.
Con ello intentó decir que no se constituyen como bancos, que deben cumplir con otros requisitos y seguir con todo un proceso de autorización para funcionar.
“En la intermediación financiera se invierte o hacen depósitos y si usted ve la naturaleza jurídica de las solidaristas, esos recursos los colocan entre sus afiliados. Es algo cerrado”, replicó.
ELLOS MISMOS ASUMEN SUS PÉRDIDAS
Otro de los puntos es que cuando hay un riesgo en las solidaristas quienes corren con las pérdidas son los propios asociados, mientras que cuando se trata de un banco es justamente este quien las asume.
“Las solidaristas no son entidades financieras, su naturaleza es diferente. Ellos escogen sus propios órganos de dirección, no tienen cuentas corrientes, y los afiliados aportan los recursos de manera voluntaria. Los recursos nunca entran a un patrimonio”, explicó.
En relación con el tema de las cooperativas, Aguilar comentó que desde un inicio se acordó que las más pequeñas serían resorte del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
“Sería inviable desvestir un santo por meternos a la fiscalización de otro”, enfatizó.
SÍ A LA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA
Aguilar también dijo que avala usar los fondos de las asociaciones solidaristas en proyectos de obra pública. A su criterio, deberían quedar definidos al menos los instrumentos en caso de que eventualmente se quisiera invertir.
La funcionaria expresó que no ve a las solidaristas haciendo un trabajo de prediseño de una obra, pero si se modifica la ley no tendrían obstáculo para participar en el mercado de valores, en caso de que quisieran hacerlo, por medio de programas de titulación.
Hizo estas declaraciones, a pesar de que la semana anterior el movimiento rechazó que fuera una buena idea destinar este dinero a ese tipo de proyectos.