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No aumentan desde 2020
La Asamblea Legislativa rechazó un proyecto de ley que pretendía descongelar los salarios de los trabajadores del sector público.
Actualmente, la Ley 9.635 establece que cuando la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB) sea igual o mayor al 60%, no se realizarán aumentos por costo de vida en el sueldo, ni en otros incentivos.
La propuesta, que fue sepultada en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, pretendía que se permitieran incrementos en un periodo de dos años y no podrían superar los tres salarios base (¢1.386.600).
No obstante, el texto fue rechazado por los diputados, Daniel Vargas y Jorge Rojas (de Gobierno), junto a Daniela Rojas, (Partido Unidad Social Cristiana), David Segura (Nueva República) y Johana Obando (Liberal Progresista).
Votaron a favor Rocío Alfaro (Frente Amplio), así como Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios (Liberación Nacional).
OMITEN CRITERIOS
El texto ni siquiera pasó el filtro de la comisión, no obstante, los legisladores omitieron un criterio de la Procuraduría General de la República, el cual aseguró que la medida de congelamiento salarial aplicado a los trabajadores del Gobierno es inconstitucional.
Incluso, llegaron a la Sala Constitucional, donde indicaron que la medida debía ser “(…) temporal y no permanente… pues tal congelamiento que supone un sacrificio del trabajador, al no ver aumentado su salario pese al aumento en el costo de vida, se puede hacer únicamente por un plazo definido o determinado y únicamente por circunstancias de orden extraordinario o de interés nacional”.
Incluso, los magistrados aseguraban que el congelamiento indefinido en el tiempo “afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas” y constituiría “un abuso estatal”, ya que no solo perjudicaría el sueldo del funcionario, sino otros derechos como la jubilación.
La sentencia a la que se refiere la transcripción anterior fue ratificada en el voto consultivo N° 17098-2021, al que se ha hecho referencia.