Según hipótesis de Fiscalía sobre caso Barrenador
La Cámara Costarricense de la Salud (CCS), ente que reúne a la mayoría de las instituciones privadas que prestan el servicio médico en el país, habría participado en la elaboración del marco de la licitación pública 2023LY-000002-0001101142, en la cual la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adjudicó 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) a diferentes cooperativas.
Así consta en el expediente 24-000267-1218-PE, donde la Fiscalía apunta a Quirós como principal mediador para que la CCSS brindara asesoramiento a la hora de que se construyera dicho cartel.
“Encaminándose al fin pretendido por los encartados (…), Quirós sugirió establecer una relación con la Cámara de la Salud, ya que si las cooperativas participaban en la elaboración del cartel este queda destruido inmediatamente. De modo que, en función de esto, se estableció la relación con la Cámara de la Salud para que ellos les trasladen sus sugerencias a los encargados de la elaboración del cartel y estos trabajaron con esos insumos”, dice el texto.
Incluso, consta en dicho documento, al cual DIARIO EXTRA tiene acceso, que el 20 de marzo de 2023, en la sesión Nº 9.320, el entonces directivo, que fungía como director de la comisión encargada de definir el tema de adjudicación, propuso que los contratos se extendieran por 10 años, aunque, en un principio, se tenía pensado que sería durante cuatro o seis, extensión que, según la Fiscalía, no tendría ninguna justificación legal.
REUNIÓN ENTRE DIRECTIVOS Y COOPERATIVAS
Con el nuevo concurso cerca de adjudicarse, el 6 de junio de este año, la junta tomó la decisión de extender el plazo para otorgar la tercerización de las Áreas de Salud. El expediente señala que se llevó a cabo una reunión entre la CCS y los directivos ahora investigados por el caso Barrenador.
“Todos, miembros de la junta directiva, participaron de dicha reunión, la cual se llevó a cabo con la Cámara de la Salud y los representantes de las cooperativas que participan como oferentes en esta licitación, quienes tomaron la palabra y argumentaron en contra del procedimiento, alegando que este no podía declararse infructuoso, debido a que a ellos les había costado mucho cambiar el cartel”, añade.
Los días 14 y 15 de junio de 2024, posterior a la recomendación de infructuosidad, emitida por la Junta de Adquisiciones y la presunta reunión entre cooperativas, directivos y CCS, el gerente de la Cooperativa de Servicios de Salud (Coopesalud) habría presentado los oficios G-077-2024 y G-076-2024, los cuales incluían descuentos para las partidas seis y siete, que, según dispuesto en la norma, no pueden considerarse dentro del proceso de adjudicación, ni dentro de los análisis de costos de las ofertas.
“CRIMEN ORGANIZADO”
Otro de los que apunta una presunta injerencia por parte de la CCS en el proceso adjudicatorio fue Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), quien declaró a este medio que las investigaciones hechas por su sindicato arrojaban una presunta estructura en la cual participaron miembros de dicho sector.
“De lo que hemos investigado es que hay gente involucrada, personas italianas, españoles, venezolanos. Aquí han venido otros empresarios a ver cómo se llevan las ganancias”, indicó.
Cabe destacar que en agosto de 2024 este movimiento sindical había solicitado al Consejo de Gobierno la apertura de una investigación por la adjudicación de las Áreas de Salud, petición que, pese a las múltiples solicitudes por parte de diversos sectores, fue desestimada desde Casa Presidencial.
“Los informes técnicos advirtieron de sobreprecios de mano de obra, por la que se pagan altísimos salarios a perfiles profesionales (¢5.6 millones) que superan hasta en un 100% los salarios en la Caja, diferencias en costos por alquileres, por materiales y suministros.
Adicionalmente, en el rubro de gastos indirectos hay también un costo de ¢4.236 millones, que deberá pagarse a las cooperativas como preaviso, licencias por defunción de familiar, paternidad, matrimonio, lactancia, atención de actividades comunitarias, gastos de asamblea, transporte, pasajes de empleados, peajes, parqueos, horas extraordinarias y compensación de almuerzos, en los próximos 10 años”, fustigó Undeca en ese momento.
¿QUIÉN ES EL DIRECTIVO SEÑALADO?
Quirós fue representante del sector patronal en la junta directiva de la Caja de enero a agosto de 2023, su salida se dio en medio de una polémica, tras ser denunciado por el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), debido a su intento por nombrar a un hombre de apellido Monge como gerente general de la institución, pese a que no contaba con los atestados para el cargo.
Además, en 2023 confirmó, ante un medio de comunicación, que recientemente había fungido como abogado para una de las cooperativas ahora adjudicadas.
DIARIO EXTRA intentó contactarlo vía telefónica, no obstante, no se obtuvo respuesta.
Cabe destacar que durante su atención a los medios en los tribunales expresó que por recomendación de su abogado y por respeto al procedimiento no podría brindar ninguna declaración, pero, en su momento, dijo que explicaría la “verdad de lo que ha acontecido”.
¿QUÉ DICE LA CÁMARA?
DIARIO EXTRA hizo la consulta a la CCS sobre los múltiples señalamientos que recibía por parte de estos sectores, sin embargo, manifestaron que guardarán el respeto del proceso judicial que se lleva a cabo, por lo que no emitirán ningún criterio.
“La Cámara Costarricense de la Salud destaca el rol histórico que han cumplido las cooperativas y asociaciones en la prestación de servicios de calidad en el área de la salud. Es fundamental también reconocer la satisfacción de los usuarios-asegurados que han podido y tienen la oportunidad de recibir esta atención. Precisamente por tratarse de un tema que se encuentra en su primera etapa judicial, la Cámara Costarricense de la Salud respetará el debido proceso y, por tanto, no adelantará criterio sobre este tema”, aseguró.
“TODO ESTÁ EN SICOP”
Tanto Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, como Oscar Abellán, gerente general de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud de Barva R.L (Coopesiba), añaden que todo el proceso de licitación se encuentra dentro del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Asimismo, la Contraloría General de la República habría confirmado que nueve de las diez Áreas de Salud ya estaban adjudicadas.
Asimismo, este rotativo intentó conocer si las cooperativas tienen planteado demandar al Estado en caso de que la Caja decidiera rescindir la contratación, sin embargo, tanto Coopesiba como Coopesalud señalaron que eso era una suposición, por lo que no podían referirse a supuestos o especulaciones.
