Sororidad institucional democrática

Un momento histórico llegó a nuestra vida democrática como solo lo saben hacer las mujeres: con trabajo, disciplina, responsabilidad, constancia y sin mayor estridencia. Un ejemplo para el mundo. Un lujo para una nación y un pueblo como el costarricense.

Que cuatro mujeres encabecen las principales instituciones de la República abre una oportunidad para dar contenido democrático a la sororidad: reconocerse como interlocutoras legítimas, respetar la independencia de sus cargos y demostrar que es posible discrepar sin degradar las instituciones que representan.

Existen antecedentes que permiten apreciar la dimensión de este acontecimiento. En Nueva Zelanda, en 2006, mujeres ocupaban simultáneamente la jefatura del Gobierno, con Helen Clark; la presidencia del Parlamento, con Margaret Wilson; y la máxima autoridad judicial, con Sian Elias. A ellas se sumaban la gobernadora general Silvia Cartwright y la reina Isabel II como jefa del Estado. En Nepal, en 2016, coincidieron Bidhya Devi Bhandari en la Presidencia de la República, Onsari Gharti Magar en la presidencia del Parlamento y Sushila Karki al frente de la Corte Suprema, aunque la conducción del Gobierno permanecía en manos de un primer ministro varón. Ambos casos constituyen referentes de presencia femenina en las máximas responsabilidades públicas; la coincidencia costarricense incorpora, además, la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones.

En 2026 y dentro del contexto centroamericano, esta convergencia adquiere especial relevancia: no se ha identificado un antecedente equivalente en el que mujeres presidan simultáneamente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la máxima autoridad electoral. Costa Rica tiene, por ello, la oportunidad de convertir este momento en un referente regional de representación femenina y responsabilidad democrática.

Los antecedentes citados ofrecen, además, una curiosa coincidencia temporal: Nueva Zelanda en 2006, Nepal en 2016 y Costa Rica en 2026. Tres momentos separados por una década, con diferencias institucionales, que permiten apreciar el significado de la representación femenina en las máximas responsabilidades públicas.

Este acontecimiento encontrará su verdadera medida en los momentos de desacuerdo. Cuando una resolución judicial incomode al Gobierno, una decisión electoral contraríe sus intereses o el debate parlamentario exija fiscalizar el ejercicio del poder, deberá prevalecer el reconocimiento de la legitimidad de cada institución.

Respetarse como mujeres e interlocutoras públicas exige aceptar que las instituciones que representan tienen el deber de ejercer sus competencias de control, aun cuando sus decisiones incomoden a las otras. La responsabilidad compartida con la democracia debe ser suficientemente firme para sostener el diálogo incluso cuando resulte imposible alcanzar un acuerdo.

Eleanor Roosevelt escribió: -En última instancia, un gobierno democrático representa la suma del valor y la integridad de sus integrantes-. Esa exigencia adquiere hoy un significado particular para las cuatro mujeres llamadas a dar contenido a este momento histórico.

Reconocer el momento que habitamos exige plena conciencia de su trascendencia, tanto de las cuatro mujeres que hoy encabezan estas instituciones como de quienes somos testigos de esta coincidencia histórica. Tenemos derecho a esperar que su gestión esté a la altura de las necesidades del país.

Sobre ellas recae una responsabilidad singular: demostrar que este avance en la representación de las mujeres puede traducirse en una forma de ejercer el poder que fortalezca el respeto, el diálogo y la independencia institucional. La historia ya les ha reservado un lugar; corresponde ahora dar contenido y dignidad a esa posición.