Soresco, “un asalto a mano armada”

Definitivamente lo sucedido con Soresco y la sustracción de $70 millones (al tipo de cambio actual unos ¢43 mil millones), por parte de nueve empleados de dicha sociedad anónima y de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), no es más que un asalto a mano armada a los costarricenses. 

Es uno de esos robos descarados, planificados, solapados, que ponen a hervir la sangre, pues no es posible que este país siga manejándose como un chinamo, que algunos funcionarios sigan creyendo que el recurso público puede embucharse sin que haya sanciones severas. 

Hemos convertido el erario público en la caja chica de un montón de sinvergüenzas que se valen de la mano floja de nuestras autoridades para enriquecerse. 

Soresco se conformó en el año 2009 como una sociedad anónima entre Recope y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC). La idea original era arreglar y poner a funcionar las instalaciones de la refinería en Moín, Limón, pero los trabajos nunca se hicieron en las instalaciones como se estableció. 

Lo que sí sucedió fue que Costa Rica dio un aporte de $50 millones para cumplir con su parte del capital en la sociedad y esa es la plata que se esfumó en la gran vida que se dieron supuestamente los ejecutivos de Soresco y que hoy están en la mira de la justicia. 

Los detenidos por este caso fueron identificados como William Ulate Padgget, ingeniero que se desempeñó por años como el director de distribución de combustibles en Recope; José Rubén Naranjo Sánchez, un ingeniero químico y ex miembro de la junta directiva de la entidad además de empresario de la construcción.

También Gilbert Anthony Edwards Earle, un exempleado de la refinería que acabó siendo gerente financiero de Soresco y José Manuel Trejos, otro miembro de la sociedad, así como el ciudadano chino Xu Fang, quien operaba como gerente general.  Todos ampliamente conocidos en el sector, quienes ahora son señalados como los responsables de este descalabro, acusados por administración fraudulenta y sustracción de fondos. 

Pero lo sucedido con esta empresa tico-china no solo es  eso, es la muestra absoluta de la negligencia, de la falta de control y supervisión oportuna que distingue a las entidades nacionales cuando se trata de manejar presupuestos, planificar y ejecutar obras. Somos un desastre. 

Dónde estaban los jerarcas de Recope para dar seguimiento a los recursos otorgados; cómo de la nada se gastan tal cantidad de millones sin reparo, hablamos de responsabilidades concurridas que deben asumirse. 

El actual presidente de esa entidad, Alejandro Muñoz, debe saber más de la cuenta, pues ocupó varios puestos, entre los que destacan los de tesorero y presidente de Soresco. Con él podrían conversar las autoridades a fin de conocer detalles. Decimos esto pues hoy es jerarca de gobierno y a este país le urge esclarecer qué pasó con esas platas. 

Lo revelado por la fiscala general, Emilia Navas, el martes anterior y las detenciones de estas personas empleados de Soresco también evidencian serios errores en las primeras investigaciones del Ministerio Público. 

Además, dejan entrever que desde el año 2012 cuando comenzaron las primeras advertencias se hicieron de la vista gorda y los oídos sordos. 

¿Con qué fin? no lo sabemos, pero lo cierto es que el chorizo es grande. 

Qué raro que hasta ahora seis años más tarde y tras la oportuna intervención de la nueva jerarca de la fiscalía, esas pesquisas avanzaron a pasos acelerados, al extremo que la evidencia que surge del levantamiento del secreto bancario es hoy fundamental para el caso y permitió los arrestos. 

Con sobrada razón Navas explica que, si esas gestiones se hubieran realizado en tiempo y forma oportunas, mucho se haría podido averiguar sobre la sustracción descarada de dineros del Estado. 

Surgen mil preguntas sobre la lentitud promovida en casos de suma relevancia durante la gestión de don Jorge Chavarría, pero bueno, esa es harina de otro costal y ya conocido su mal desempeño como jerarca del MP. 

Las expresiones de la Fiscalía fueron claras, contundentes y directas. “Lo que se hizo no fue solo sustraer los $50 millones, sino otro tanto más que llega a los $70 millones en beneficio propio. 

Ellos manejaban las cuentas bancarias donde se depositaba el dinero estatal. Lo que hicieron no solo fue viajes de trabajo, sino de placer, capacitación, uso de vehículos sin justificación, alojamientos, gastos en obtención de pasaportes y otros que se pagaban con dineros del Estado”. 

Si con las consideraciones de la Contraloría General de la República desde el año 2013 y los primeros allanamientos a las oficinas de la Refinería, para esa misma fecha se le hubiera metido el turbo que el caso ameritaba y jamás hubieran terminado de consumir los millones de dólares que estaban en esas cuentas. Pero pasaron años de quietud y Soresco siguió pagando y gastando dinero que no le correspondía en planillas que ascendía hasta los 20 empleados ticos y chinos. Siguió la opulencia en un proyecto que ya estaba oliendo a calas. 

Qué tendrán que decir otros exmiembros de la junta directiva de Soresco como Eduardo Morice Trejos, Ana Lucía Alfaro Murillo y Mario Rafael Gómez Pacheco (también miembros de la junta directiva de Recope). Ellos conocieron de cerca el manejo de esos dineros, estuvieron sentados en las sillas ejecutivas tomando decisiones. Habrá otra lista más de personas que pasaron por esos puestos que podría ser de vital ayuda para esclarecer semejante desvalijamiento. 

La fiscala Navas asegura que faltan cuatro personas por detener y en buena hora pues no puede dejarse por la libre el caso, deben hacer frente a esa administración fraudulenta todos los que metieron mano. 

El caso Soresco no puede ser una nueva Trocha, con la cual no pasó en nada, donde se robaron miles de millones y nadie al día de hoy ha sido ni siquiera imputado, enjuiciado ni mucho menos sancionado. 

No puede ser tampoco que haga fila con los casos de corrupción por cobros ilegales al Tribunal Supremo de Elecciones por deuda política fantasma que muchos partidos acostumbran a hacer, como el caso de “Laura al 2010” que ya se llenó de moho.   

Y es acá donde también aprovechamos para meter la cuña, la Ley de Extinción de Dominio debe sí o sí incorporar los actos de corrupción, no puede jamás excluirse del proyecto como quiere un grupito de diputados. Este es un delito que está dejando al país manos arriba, porque esto de sustraerle recursos al Estado con total placer y complacencia, es un verdadero asalto a mano armada a plena luz del día.