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Creo firmemente en que las autoridades públicas deben velar siempre por el bien común y que sus decisiones deben apuntar hacia ese objetivo. Además, deben fundamentarse en criterios técnicos y científicos y atender las necesidades expuestas por la población en espacios participativos. Desde el espacio laboral donde me encuentre seré vigilante de que esto sea así.
Durante mi gestión como cabeza del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la institución se ha fortalecido mucho desde el punto de vista técnico-científico y en su gestión social con la entrada de más profesionales especializados y en el establecimiento de prioridades institucionales. Así, el plan estratégico quinquenal, los proyectos de saneamiento, la ampliación o la construcción de nuevos acueductos se basan en datos concretos y comprobables. Las prioridades son atender comunidades sin acueductos y aquellas cuyas fuentes se contaminaron, se secaron o se han dañado por actividades productivas.
El resultado ha sido muy gratificante: las comunidades están muy agradecidas con la seguridad de contar con agua por al menos 20 años a futuro. Por su parte, las Asociaciones de Acueductos Comunales (ASADAS) se ven cada día más reconocidas, fortalecidas y organizadas, han participado en el desarrollo de la “Política de Fortalecimiento y Organización de la Gestión Comunitaria del Agua” y en el proceso actual de la reforma al Reglamento de ASADAS. No obstante, ha habido experiencias complejas como la de tratar con grupos que, desconociendo el dominio público del agua, se oponen a que se concreten proyectos de acueductos para abastecer a comunidades vecinas que los requieren.
La protesta social es importante y debe existir, pues no siempre estamos a favor de los acuerdos tomados por las autoridades o la forma en que se tomaron. Sin embargo, estoy en contra de la negación de dar agua donde se necesite, pues debemos respetar el derecho fundamental de acceso al agua potable. En Guanacaste, la presencia de arsénico o la vulnerabilidad de las fuentes costeras a la salinización nos han llevado a priorizar varios proyectos, aprovechando fuentes seguras alternas que han sido estudiadas y monitoreadas rigurosamente por el Comité Técnico Interinstitucional (MINAE, SENARA y AyA).
Soluciones frente al arsénico. Respecto al arsénico, la institución decidió como primera medida abandonar las fuentes que tenían concentraciones superiores a las permisibles, lo que hizo que los sistemas de Cañas y Bagaces quedaran con menor caudal, pero con calidad aceptable. Para algunas comunidades pequeñas, el AyA compró plantas removedoras de este contaminante que han funcionado adecuadamente.
Actualmente, los proyectos de acueductos que darán la respuesta a largo plazo avanzan. En Bagaces, el proyecto está listo desde hace casi un año para iniciar su construcción, aunque se ha retrasado por las expropiaciones de terrenos. En Cañas, que es una construcción donada por la República Popular de China, profesionales de ese país trabajan en los diseños.
Soluciones frente a la salinización. Otros proyectos prioritarios son aquellos de las zonas costeras para abastecer comunidades cuyas fuentes se han salinizado o están en proceso, como Playa Panamá, Tamarindo, Brasilito, Potrero, Playas del Coco, entre otros. La salinización se provoca cuando el ingreso de agua dulce al acuífero decrece por la disminución de las lluvias o extrema sequía y por la extracción del agua por bombeo. En estas playas, la mayoría de acueductos son administrados por ASADAS y algunos por el AyA; sin embargo, hay otros pozos, algunos legales y otros ilegales, que también extraen líquido del acuífero sin control alguno por parte del Estado.
Estos acuíferos costeros vulnerables se han aprovechado sin conocimiento previo de sus características y sin un monitoreo continuo. Para el AyA como institución operadora resulta difícil responder siempre a la demanda de agua cuando no existe un ordenamiento territorial. Ordenar y planificar el crecimiento a través de los planes reguladores es competencia de las municipalidades, por ello, pedimos a los Gobiernos Locales apoyarnos en esta tarea fundamental y a la ciudadanía ser vigilantes de que esto se cumpla.
Por su parte, el AyA tiene la responsabilidad de proveer del líquido a todas las comunidades que tuvieron el servicio pero que lo perdieron por efecto de esta salinización, como la ley lo expone claramente. Por ello, se aprovecharán fuentes alternas: los acuíferos Nimboyores y Sardinal, apoyados en un estudio riguroso de los mismos.
Gracias al estudio y monitoreo permanente de estos por el Comité Técnico Interinstitucional (MINAE, SENARA y AyA), se puede decidir técnicamente cuánta agua extraer con seguridad sin afectar la salud de los mismos. Uno de los acuerdos tomados es que se deberá respetar un 60% de la capacidad, de tal manera que siempre haya seguridad de la sostenibilidad y de la salud del mismo. Los estudios interinstitucionales han considerado la capacidad de recarga, la cantidad de agua que se extrae, el balance hídrico y la variable del cambio climático.
También nos hemos comprometido a colocar macromedidores para que la población pueda verificar el caudal de agua extraído.
Manejo sostenible de acuíferos. En ambos casos, se promovió y constituyó una comisión para el manejo sostenible del acuífero. Esto basados en la metodología de SENARA, denominada PAS, y acompañados por las instituciones del Estado, entre ellas SENARA y MINAE, y con el apoyo de universidades públicas: el Hidrocec de la Universidad Nacional para el caso de Nimboyores y la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica para el caso de Sardinal.
La conceptualización del proyecto costero de Santa Cruz, que aprovechará el acuífero Nimboyores, se realizó de forma participativa con 14 ASADAS, con quienes se estableció una alianza público-comunitaria. Este innovador acuerdo se dio tras un proceso de 3 años con participación de toda la zona costera del cantón e instituciones del Estado y Gobierno Local. Dicha organización tomó el nombre de CONIMBOCO (Comisión para el Manejo Sostenible del Acuífero de Nimboyores y Acuíferos Costeros de Santa Cruz).
Por su parte, el proyecto de Sardinal-El Coco-Ocotal existía desde hace 10 años con la figura de un fideicomiso (figura válida legalmente), pero el AyA lo asumió debido a la urgencia por la salinización en El Coco. La institución realizó de nuevo los diseños y asumió financieramente su conclusión. A fin de cuentas, es responsabilidad del AyA asegurar el agua.
De esta forma quiero dar fe que el AyA es una institución estrictamente técnica que responde y debe responder a las demandas de agua de la población, pero al mismo tiempo, debe velar por la salud y la sostenibilidad de las fuentes. La población en general debemos exigirle esto al AyA, para ello, las decisiones deben estar siempre basadas en criterios científico técnicos y haciendo partícipes a las comunidades.
*Presidenta Ejecutiva del AyA.