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El reciente caso judicial denominado Venus, en el que fueron detenidas varias personas por presunto lavado de dinero a través de subastas de ganado, generó diferencias entre las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Fernando Ramírez, director del ICD, aseguró que la legislación actual faculta a la institución para definir cuáles bienes son de “interés económico”, es decir, que pueden utilizarse o comercializarse.
Según Ramírez, esa práctica provocó desorden en el manejo de bienes, razón por la cual actualmente un equipo conformado por un abogado y un administrador analiza su situación legal, verificando si tienen hipotecas o anotaciones.
Sin embargo, Randall Zúñiga, director del OIJ, criticó que decisiones basadas en criterios financieros permitan que criminales conserven parte de su patrimonio.
“No se justifica que, por razones presupuestarias, se le devuelvan propiedades a grupos criminales (…) facilitando que continúen lucrando”, expresó.
Zúñiga subrayó la urgencia de implementar mecanismos para evitar ese tipo de devoluciones, aunque el ICD tenga actualmente la competencia para determinar qué bienes quedan bajo custodia estatal.
“Podríamos confiscar todo lo vinculado a delitos, pero el Estado no tiene capacidad para administrar tantos activos. Ese es el verdadero obstáculo, más allá del marco legal”, puntualizó.
