El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solo cuenta con 4 inspectores para fiscalizar unidades que cumplieron su vida útil y no pueden circular en las calles.
Así lo confirmó Luis Amador, ministro de Transportes, a DIARIO EXTRA.
En medio de la discusión del expediente 22.530 que pretende ampliar la vida útil de los autobuses a 17 años, el jerarca dijo que su cartera se queda corta con la inspección de unidades e, incluso, en la calle podría haber buses circulando que incumplan con lo establecido por la ley.
“Como Consejo de Transporte Público (CTP) les dijimos a los autobuseros que los buses que cumplieron su vida (útil) no pueden circular, pero lo cierto es que solo tenemos 4 inspectores (para vigilar). Hay que habilitar inspectores en otros ramos: Fuerza Pública, Bomberos, Policía de Tránsito, Policía Municipal, etc.”, dijo el jerarca.
“Solo hay cuatro inspectores para vigilar 3.000 o 4.000 buses que circulan. ¡Es imposible! Necesitamos que la Secretaría de Planificación, Cruz Roja, Fuerza Pública o ¡quién sea! estén habilitados y puedan rendir informes (sobre unidades con vida útil cumplida). Puede ser que aún anden (en la calle). Sospechamos que sí”, añadió Amador. Al 31 de diciembre de 2022, un total de 274 unidades alcanzaron el tope de antigüedad y, de acuerdo con la Ley 7600, dichos buses no pueden circular en las calles.
No obstante, el Consejo de Transporte Público (CTP) dio un plazo máximo no prorrogable de tres meses para que las empresas autobuseras cambien las unidades.
A los 274 antes mencionados, se deben sumar 79 que tuvieron que ser sacados de circulación.
VARADOS
El proyecto de ley, que pretende modificar el artículo 46 bis de la Ley 7600 para alargar la vida útil de los autobuses, está varado en Cuesta de Moras.
Mientras el oficialismo presiona para que la propuesta avance, la iniciativa se encuentra frenada por más de 100 mociones presentadas por el Frente Amplio.
Mientras todo eso acontece en la Asamblea Legislativa, distintos colectivos consideran que la propuesta viola tratados suscritos por Costa Rica en materia de derechos humanos y, además, se caería en Sala Constitucional.