Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, informó que después de una conversación con la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, llegaron al acuerdo para detener el pago del incentivo salarial de prohibición, que recibe desde que inició este gobierno, a pesar de no contar con la licenciatura en derecho y no estar colegiada.
“No lo recibirá más hasta que las instancias administrativas correspondientes analicen su caso específico y se pronuncien oficialmente”, declaró el mandatario.
Ordenó también al Ministerio de la Presidencia una consulta formal ante la Procuraduría General de la República para que analice las diferentes interpretaciones sobre cuál es el porcentaje que la jerarca debe recibir.
Solís reiteró que Zúñiga está en total disposición de devolver el dinero, si así lo deciden los entes respectivos, y luego aprovechó para arremeter contra los diputados de oposición que lo han criticado por este y otros casos.
“Han intentado cuestionar a prácticamente todo mi gabinete sin que haya una solo acusación fundamentada, han intentado manchar nuestro honor sin que haya una sola mácula de corrupción… Es evidente la desesperación de algunos ante la constatación que 32 meses después de haber asumido el poder no hay actos de corrupción”, agregó.
RECOGE LO QUE SEMBRÓ
Para el diputado Mario Redondo, Solís está recogiendo lo que sembró. “El PAC sembró un discurso en esa dirección, ellos establecieron las reglas de lo que era y no era corrupción, y ahora están recibiendo una cucharada de su propia medicina”, expresó.
\”Celebro que, ante la presión de la opinión pública, la Presidencia rectifique y ahora sí esté dispuesta a revisar la legalidad de los pagos que le ha venido haciendo a la Viceministra, lo cual se habían negado a hacer en días anteriores. Eso es lo que debieron hacer desde el principio”, comentó Gerardo Vargas, jefe de fracción del PUSC.
Para la liberacionista Sandra Piszk, lo que hace el Presidente con este arreglo voluntario no sería legal.
“Se está brincando todos los reglamentos que hay al respecto, que establecen claramente cuál es el mecanismo para la recuperación de acreditaciones que no corresponden, y lo digo con preocupación porque es la segunda vez en este gobierno que esto pasa, funcionarios hacen arreglos de pago de forma voluntaria”, recalcó.
“Sabemos que están desesperados y que seguirán intentando señalar brechas de corrupción donde solo hay puentes de amor por el país”, finalizó Solís.