Para nadie es un secreto que la situación política del vecino país del norte viene en llamas desde 2018, lo cual ha provocado que desde ese momento y hasta hace un mes las solicitudes de refugio de los nicaragüenses desborden el sistema de Migración.
En total se han pedido más de 150 mil refugios, de los cuales 129 mil han sido por parte de los pinoleros, el resto corresponde a otras nacionalidades.
Pero el tema no es quién las pidió, el punto es cómo nuestro país dejó tantas solicitudes sin resolver, cómo puede ser posible que en cuatro años únicamente hayamos podido dar respuesta a un poco más de 7 mil.
Nos preguntamos qué ha estado haciendo esta institución todo este tiempo, porque si la crisis en Nicaragua empieza en 2018 aún no estábamos en pandemia, así que dicha circunstancia no puede ser la excusa, luego llegó el Covid, pero si los funcionarios cumplieron a cabalidad sus labores entonces debieron seguir por la misma senda y haber resuelto más casos.
Quizá una de las situaciones que más nos alarma como país es que, si de 150 mil solicitudes Migración solo ha resuelto un tanto más de 7 mil, esto quiere decir que podría haber 143 mil personas que andan por la libre, sin permiso laboral ni papeles.
De hace unos años para acá, Costa Rica se ha mostrado cada vez más preocupada por los migrantes, recibiéndolos, dándoles refugio, chineándolos de aquí para allá, y precisamente notamos constantes reformas en los reglamentos relacionados con el asunto.
Con respecto a este tema, muchas veces vemos al país como muy abierto de par en par, por recibir a cuanta persona quiera venirse para acá, dando la imagen de que somos súper preocupados por el prójimo.
Si no por qué este negocio de los refugiados, pues se ha convertido en un asunto bastante lucrativo, el cual nos deja miles de millones de dólares, por ejemplo, se tiene información de que la Dirección General de Migración y Extranjería recibió de manos de la Agencia Nacional de la ONU para los Refugiados (Acnur) nada más y nada menos que $2,3 millones en especie.
Según la Acnur, “una persona refugiada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a situaciones de persecución por motivos de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o género. Las personas refugiadas han enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos por situaciones de violencia y conflicto”.
Es decir, una persona califica en este grupo cuando su vida corre peligro y lamentablemente en Costa Rica quienes se encuentran en esas acongojantes situaciones deben esperar meses, casi rozando el año, para que se les acoja bajo dicho estatus.
Nuevamente la careta se cae, pues pregonan “queremos a los migrantes” y abren puertas para muchos, pero en temas delicados parecieran no tener suficiente tiempo o interés para resolverles.
Por más que Migración se excuse en la pandemia, estribillo que usan las instituciones gubernamentales como escudo para cualquier denuncia en que se ven involucradas, la burocracia es la mamá de todos en esa institución, no se actúa a tiempo y se dejan pasar barbaridades que afectan los derechos humanos de quienes acuden en busca de ayuda, y en ocasiones hasta de su propio derecho al bienestar personal.
Tener documentos en una gaveta sin afán alguno por apresurar el paso no resuelve nada, tampoco quejarse por la pandemia, pues el propio Gobierno que se dice defensor de los derechos humanos tiene el discurso memorizado sobre el virus para poner escudo a cualquier crítica que se avecine amenazando su ya de por sí ínfima y maltrecha credibilidad.