
Una nueva solicitud de investigación al presidente de la República, Rodrigo Chaves, llegó al Ministerio Público. En esta ocasión pidieron que se investigue por el posible delito de prevaricato.
Según el diccionario jurídico del Poder Judicial, el prevaricato es un “delito consistente en que un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos”.
Esto se configura cuando el funcionario público o sabe que los hechos son falsos o los ignora, pero esa ignorancia sea injustificable.
La persona que presentó la solicitud es José Eduardo Vargas, uno de los fundadores del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el que llevó en su papeleta al mandatario.
Los hechos de la investigación se refieren a la licitación para reparar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Esa licitación se otorgó al consorcio costarricense MECO.
Sin embargo, se cuestiona que se pagó un posible sobreprecio en el contrato y que los términos de dicha licitación podrían haber favorecido a la empresa que ganó el proceso.
Por estos hechos el presidente Chaves separó a Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, y Fernando Naranjo, presidente ejecutivo de Aviación Civil.
Sin embargo, después trascendió que esa licitación se hizo por medio de fondos de la Comisión Nacional de Emergencias, luego de una modificación al decreto 43626, que destinaba recursos a la atención de la emergencia por la tormenta tropical Bonnie, para incluir la reparación de esa pista de aterrizaje.
Pero resulta que aparentemente antes de que ocurriera la emergencia ya se había planteado la necesidad de reparar esa pista.
“Los últimos hechos acontecidos donde se utilizó un decreto de emergencia nacional para incluir la reparación de la pista de aterrizaje son inaceptables. ¢1.800 millones se habrían pagado de más en perjuicio del pueblo costarricense. Esto ocurre mientras el gobierno reduce la ayuda a las personas más vulnerables”, indicó Vargas.