Un total de ¢1.100 millones gastó la administración Alvarado Quesada en una soda que dejó de usarse en 2020. Eso significa que a lo sumo estuvo abierta dos años.
Se trata del famoso comedor para los colaboradores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual se levantó con fondos públicos.
DIARIO EXTRA supo que el actual jerarca de la cartera, Víctor Carvajal, decidió transferir los equipos al Ministerio de Justicia y Paz, donde considera que serían de más utilidad.
Parte del problema es que, con la llegada de la pandemia, la soda fue cerrada y nunca más volvió a abrir sus puertas porque se presumía que había un riesgo de contagio en espacios públicos.
De momento el inmueble se utiliza como un centro de capacitaciones, pero no se descarta que llegue a ser ocupado por otra institución pública para ahorrar en alquileres o que se utilice como una oficina ante la incursión del país en el cáñamo y el cannabis.
El MAG contaría con estudios internos que señalan no es rentable abrir nuevamente la soda porque una buena parte del personal continúa en teletrabajo y labora de dos a tres días en la institución.
Eso hace que no sea un contrato atractivo para ningún administrador interesado en asumir la venta de productos alimenticios en la institución.
Fuentes cercanas al MAG informaron que existe un reglamento en el sector público que permite ceder bienes cuando a estos se les dará un mejor uso y en eso se basa Carvajal para hacer el traspaso.
Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, confirmó a El Periódico del Pueblo que existe esa intención. “Estamos en eso. Nuestros equipos técnicos están en los detalles. Con ello solucionamos un problema en una de nuestras cocinas”, declaró.
Este medio intentó conversar con Carvajal, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta.
CASO ARCHIVADO
El caso de la millonaria soda del MAG pagada con fondos del Servicio Fitosanitario del Estado se archivó, es decir, los tribunales consideraron que no había delito que perseguir.
Lo anterior a pesar de que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa concluyó que en un principio el MAG destinó un presupuesto de poco más de ¢235 millones, pero al finalizar el costo total superó los ¢1.100 millones; es decir, un aumento del 300%.
Este informe detalla que, a pesar de que las autoridades de entonces sabían de este aumento desproporcionado y el país sufría una crisis fiscal, ningún jerarca tomó acciones en el tema.
Los legisladores enviaron este caso a la Fiscalía, luego de determinar que la exviceministra del MAG en ese tiempo, de apellido Quirós, habría faltado al “deber de probidad”.