El 30 de mayo de 1984 pasó a la historia de una manera terrible para los costarricenses.
En medio de la guerra civil en Nicaragua, Edén Pastora, uno de los dirigentes de la contra que enfrentaba al Ejército Sandinista de Liberación Nacional, convocaba a una conferencia de prensa a varios medios de comunicación.
Los invitados salieron del centro de San José escoltados por hombres de seguridad de Pastora. En vehículos avanzaron hasta llegar al río San Juan, allí cruzaron a territorio nicaragüense.
Aunque la conferencia estaba programada para el día siguiente, las preguntas de la prensa hicieron que esta se realizara de manera improvisada.
Una persona identificaba como Per Anker Hanseny, pero que en realidad era un agente argentino al servicio del sandinismo Vital Roberto Gaguine, accionó una bomba que escondía. Así ocurrió el primer atentado terrorista en una conferencia de prensa en el mundo.
De dicha detonación fallecieron cinco soldados al servicio de Pastora, la periodista norteamericana Linda Frazier, el camarógrafo costarricense Jorge Quirós y el asistente de cámara Evelio Sequeira. Además 22 personas resultaron gravemente heridas, algunas tienen secuelas hasta hoy.
“Ni el Gobierno de Nicaragua ni el de Costa Rica se han hecho responsables, pese a las múltiples investigaciones legislativas y judiciales que se han realizado.
El caso sigue abierto en la Fiscalía General de nuestro país y nunca prescribirá, pues desde el 2010 se declaró como crimen de lesa humanidad”, denuncia el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (Colper).
UN CRIMEN IMPUNE
40 años después de ese acto, nadie ha sido procesado en Nicaragua ni en Costa Rica, sin embargo, los sobrevivientes desde ese momento han exigido una justicia que aún no llega.
Gilberto Lopes es uno de los periodistas que asistieron a esa conferencia de prensa y terminó siendo afectado por el atentado.
Considera que esa impunidad se debe a que “los intereses que están detrás de eso son muy poderosos y han impedido cualquier intento de investigación”.
El sobreviviente del atentado amplía al decir que “eran los intereses que en aquel momento se jugaban contra el sandinismo, Pastora no se afiliaba a los contras que dirigían los Estados Unidos, por eso era un objetivo político de diversos sectores”.
“ES HORA DE CERRAR EL TEMA”
El periodista Gilberto Lopes cree que 40 años son suficientes y es hora de cerrar el tema. Asegura que no cree posible ni siquiera que exista la posibilidad de obtener una indemnización.
Cuando vuelve a mirar hacia atrás recuerda que en esos años él cubría los conflictos que se presentaban en la región centroamericana, por lo que ve lo que ocurrió esa noche del 30 de mayo de 1984 como un accidente de trabajo.
El comunicador reconoce que este caso es bastante complicado por las situaciones y el trasfondo político.
ESFUERZOS POR RECLAMOS DE JUSTICIA NO CESAN
Varios de los sobrevivientes acompañados por el Colper han tratado de mantener viva la denuncia en los Tribunales de Justicia. Incluso se reunieron con el fiscal general y con el relator especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde 2005 el Colper presentó una denuncia ante la CIDH, no obstante, ha existido una serie de retrasos procesales para llevarles un poco de justicia a las víctimas.
José Rodolfo Ibarra, otro de los sobrevivientes de dicho atentado terrorista, comentó: “Si al final del túnel no veíamos una luz, esta reunión puede ser un chispazo que desarrolle un fuego más grande. Este es un crimen de lesa humanidad, pero no hacemos nada con la declaratoria si no hay protección a las víctimas”.