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¿Qué se entiende por posverdad? El periodista Matthew D’Ancona explicaba cómo, actualmente, para algunos, pesan más las emociones y percepciones que los hechos objetivos y los datos. Esta lógica ha contaminado el debate sobre la educación en Costa Rica: se privilegian narrativas simples, cerrándose a un solo tema, obviando el contexto general y enfocándose en la parcialidad, demostrando una falta de visión.
Se ha intentado instalar un relato de que, durante mi gestión como ministro de Hacienda, yo era un enemigo del contrato social costarricense. Esa afirmación ignora la evidencia y desconoce lo que expresé en múltiples foros. Así, por ejemplo, el viernes 13 de setiembre de 2024, en la Comisión de Hacendarios, sesión 36, dije con toda claridad: “…señoras y señores diputados, los beneficios de la educación son claros, evidentes y palpables… Porque el gasto en educación es una inversión para la Costa Rica del futuro…”. No se puede tergiversar esa posición: siempre he reconocido la educación como una inversión clave para la movilidad social.
La posverdad se alimenta de discursos simplistas y poco profundos que ignoran la complejidad del manejo fiscal. Es muy fácil reducir una opinión a “el ministro que recortó la educación”. Esa narrativa, además de falsa, es peligrosa, porque desinforma a la ciudadanía y evita la discusión de fondo: ¿qué hemos hecho con los cuantiosos recursos que ya se destinan a educación? No se trata de repetir la consigna de que “falta dinero”, sino de asumir con seriedad que el verdadero desafío está en transformar esos recursos en resultados medibles de calidad, equidad y de oportunidades reales.
Sin lugar a dudas, el Estado de la Educación 2025 es un esfuerzo valioso para diagnosticar el sistema educativo costarricense. Sin embargo, adolece de un análisis más profundo en la parte presupuestaria. Su propuesta de aumentar gradualmente los recursos destinados al sector educación entre 2026 y 2040 refleja una visión incrementalista que “olvida” el resto de las obligaciones del Estado. Cuando se aprobó la reforma constitucional que fijó el 8% del PIB para educación, no se le otorgaron al país los ingresos necesarios para financiar esa meta. Se creó un mandato sin financiamiento, generando tensiones fiscales que hoy se intentan disfrazar como negligencia ministerial.
En este tipo de análisis se suele dejar de lado el impacto del cambio demográfico sobre el sector de la educación. La cantidad de estudiantes en el sistema educativo tenderá a disminuir en los próximos años, de hecho, según proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la población entre 0 y 17 años en 2025 sería de 1.201.965 individuos, pero para 2035 sería de 910.547 individuos. Este fenómeno obliga a repensar la planificación de la infraestructura escolar. No se trata de construir más infraestructura escolar de manera discriminada, sino de adaptar la red educativa a una población estudiantil cada vez menor. Ignorar esta tendencia no solo sería un error técnico, sino que sería una irresponsabilidad política que condenaría al país a desperdiciar recursos mientras desatiende las verdaderas prioridades del futuro.
El país también enfrenta la indefinición sobre qué tipo de educación necesita en la nueva era digital. No basta con asignar más dinero si seguimos formando estudiantes bajo un modelo del siglo pasado. La inversión debe orientarse a competencias tecnológicas, pensamiento crítico, idiomas y habilidades blandas que respondan a un mercado laboral cambiante y altamente competitivo. Hablar de gasto sin hablar de contenidos es condenar a la educación a la irrelevancia.
A nivel internacional, Costa Rica ya muestra un esfuerzo financiero importante en materia de educación. La Declaración de Incheon recomienda dedicar entre 15% y 20% del presupuesto público al sector educativo; mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE ronda 12%, Costa Rica ya destina 20%. Esta misma declaración sugiere que es necesario invertir entre 4% y 6% del PIB; mientras que, en promedio, la OCDE destina 5%, y Costa Rica alcanzó 5,4% en 2023. Destimados más que muchos países desarrollados, pero con resultados que no corresponden a ese esfuerzo.
Diversos estudios internacionales han demostrado que, después de cierto umbral, más gasto por estudiante no se traduce en mejores aprendizajes. Costa Rica ya se encuentra en ese límite: invertimos más, pero no logramos mejores resultados en pruebas internacionales ni reducimos con eficacia las brechas de inequidad. Para agravar la situación, en 2023 dedicamos el 39% de todos los ingresos tributarios a la educación, mientras que el promedio de la OCDE fue de apenas 26%. Nuestra educación pública es cara si se mide respecto de nuestra capacidad real de financiamiento.
Otro elemento clave es el parámetro utilizado para determinar el financiamiento: el Producto Interno Bruto. Se insiste en metas porcentuales sobre este indicador, pero se olvida que la educación se financia con recaudación tributaria y esta no siempre se mueve en sincronía con el crecimiento económico. El verdadero debate debería centrarse en cuánto puede recaudar responsablemente el país y cómo se utilizan esos recursos, no en fórmulas arbitrarias ancladas al PIB.
La ilusión de alcanzar un presupuesto equivalente al 8% del PIB para educación sin consecuencias fiscales es insostenible, pero sobre todo, irracional. Según datos de la propuesta de Presupuesto de la República, para 2026 existe un faltante de 2,3% del PIB para cubrir la diferencia, así, el Estado tendría cuatro opciones para cerrar dicha brecha: (i) endeudarse de manera perpetua en dicho monto y condenar a la eternidad a la sociedad costarricense a estar en el escenario más estricto de la regla fiscal, (ii) recortar de manera permanente el presupuesto de 19 ministerios, (iii) subir la tasa del impuesto al valor agregado del 13% al 22% o (iv) eliminar exoneraciones tributarias como las de la canasta básica y las zonas francas. Ninguna de estas opciones es viable ni responsable en un contexto de limitaciones fiscales y necesidades crecientes en múltiples sectores. Para quienes defienden y se rasgan las vestiduras por alcanzar la meta constitucional les pregunto: ¿cuál de las anteriores opciones prefieren?
Un debate serio sobre educación exige también hablar de eficiencia, no solo de más presupuesto. Sí, la educación es la clave de la movilidad social, pero también lo es la exigencia de resultados. No podemos cegarnos a otras necesidades del Estado ni caer en la trampa de visiones simplistas que reducen todo a gastar más. La posverdad instala la idea de que disciplina fiscal y educación son enemigas; la verdad es que solo con finanzas públicas responsables podremos garantizar que la educación sea sostenible, equitativa y de calidad para las futuras generaciones.