Según Marta Acosta, contralora general de la República
La situación económica que atraviesa el país, el envejecimiento acelerado y la informalidad laboral ponen en jaque la cobertura universal de los seguros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo aseguró Marta Acosta, contralora general de la República, ante la comisión especial que investiga irregularidades en dicha institución.
Según la funcionaria, los gastos corrientes del Gobierno han superado consistentemente sus ingresos y han generado presión en las finanzas de la Caja, que se ha visto limitada en los últimos años.
Aseguró que si el Estado no logra estabilizar las finanzas y garantizar un flujo constante de recursos, el modelo solidario del seguro social podría enfrentar “afectaciones severas en la prestación de los servicios”.
“Hay un desbalance estructural. La morosidad está comprometiendo la sostenibilidad financiera del sistema de salud, el ritmo de los pagos no ha sido suficiente y se está generando una presión adicional sobre los recursos de la Caja.
Se ha limitado la capacidad en tema de infraestructura, adquisición de tecnología y poniendo en riesgo la estabilidad del modelo solidario y universal que caracteriza el sistema de salud de Costa Rica.
Es un tema urgente y, más allá de los números que podamos hacer y de buscar culpables, lo importante es pensar cómo podemos redefinir el modelo de financiamiento subsidiado, que está siendo erosionado porque el Estado no está haciendo los aportes”, dijo ante los diputados.
A lo anterior se debe sumar que existen recursos que “están inmovilizados, en lugar de ser utilizados para atender necesidades inmediatas de la población”.
Otro factor mencionado por Acosta fue el acelerado ritmo de envejecimiento de la población.
Previamente, la Universidad de Costa Rica (UCR) señaló que la Caja no está preparada para enfrentar el envejecimiento acelerado porque cada día los centros de salud se saturan más y tienen menos capacidades para atender a todas las personas.
“(…) Hay desafíos como el envejecimiento, pues las proyecciones demográficas indican un aumento significativo en la proporción de personas mayores para el 2040, lo que incrementará la demanda de servicios especializados y tratamientos prolongados.
Este cambio en la población, combinado con una menor base de contribuyentes activos, presiona financieramente al sistema.
A eso debe sumarse el aumento en enfermedades crónicas no transmisibles que representan las principales causas de muerte en nuestro país. (Eso) aumentará los costos de atención y presionará a una transformación en los servicios (…)”, agregó.
Finalmente, la contralora refirió a la informalidad laboral.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 915.000 personas se encuentran en esa condición.
“Eso está incrementando la base del aseguramiento del Estado a través de los respectivos subsidios”, indicó.
Acosta indicó sobre la deuda del Estado con la entidad, que, si se pusiera atención al tema, la deuda podría estabilizarse en torno al 12,9% del PIB en 20 años e incluso un 11,7% en 10 años.
