Para Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la situación fiscal en la institución ha sido “extrema” y “difícil” en 2019.
Esas restricciones afectan la puesta en marcha de ambiciosas reformas como la relacionada con el crimen organizado, los nuevos tribunales anticorrupción y lo relativo a los cambios en la jurisdicción agraria.
El magistrado incluso mencionó que el panorama fiscal que enfrenta el Poder Judicial es el más complicado desde que tiene memoria.
“Ha sido una época, viéndola en retrospectiva, la más atípica en definiciones políticas impostergables que han incidido en el Poder Judicial, una de ellas es la ley para una racionalización del gasto público de setiembre-octubre del año pasado, y eso tenía incidencia en el Poder Judicial”, declaró.
Añadió: “También ha habido temas de definición que todavía tienen consecuencias respecto de la independencia judicial. El otro tema tiene que ver con las definiciones de los pensionados judiciales, son determinaciones políticas desde el parlamento y esto también tiene consecuencias, aunque en el caso de los jubilados no hice ninguna observación por ser miembro de la Sala Constitucional porque puede que se conozca de alguna acción”.
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Cruz dijo que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción pedirán a Casa Presidencial un presupuesto extraordinario para el próximo año.
El plan de recursos lo trabajarán la Comisión de Asuntos Penales y la Sala III, dirigida por el magistrado Jesús Ramírez.
Se debe recordar que Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, decidió dejar por fuera del presupuesto nacional para el ejercicio de 2020 un total de ¢2.543 millones que solicitó la Corte para los nuevos juzgados.
Hacienda justificó que la decisión se debió a que la Corte no aplicó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley No.9635) en materia de remuneraciones, específicamente en incentivos salariales (anualidades y carrera profesional).
Dichos pluses siguen pagándose de forma porcentual a los trabajadores contratados antes de la reforma fiscal. Los nuevos los reciben de manera nominal.
De acuerdo con la cartera en ese momento dirigida por Aguilar, mientras que en el Gobierno central unos 127.000 funcionarios tuvieron que aceptar incentivos de forma nominal, 14.000 del Poder Judicial continuarán gozando de esos beneficios porcentualmente.
“Lo de la Fiscalía Anticorrupción será por un presupuesto extraordinario porque no era posible, dadas las restricciones que se impuso al Poder Judicial. Las restricciones impuestas al Poder Judicial en el año que está terminando son las más estrictas de que tengo memoria”, explicó el presidente de la Corte.
Agregó que para enero no hay recursos para enfrentar el fortalecimiento de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tal como lo propuso la Comisión de Transparencia del Poder Judicial.
PRÓRROGAS
En cuanto a la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Corte solicitó una vacancia de 18 meses para la entrada en vigencia debido a la falta de recursos.
Dicha normativa y todo lo que conlleva -desde la reestructuración de personal hasta la adecuación de instalaciones- estaba para entrar a regir en octubre del presente año.
Con el aplazamiento la ley que fue promulgada en 2019, se materializaría en marzo de 2021.
Para ejecutar lo dispuesto en la normativa el Poder Judicial requiere ¢44.000 millones anuales, monto prácticamente inalcanzable en momentos de estrechez fiscal.
Ahora falta que el presidente Carlos Alvarado haga la petición a la Asamblea Legislativa, aprovechando que el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias.
Lo mismo ocurre con el nuevo Código Procesal Agrario. Cruz cree que la puesta en marcha de la normativa requerirá un plazo de dos años; es decir, entraría en vigencia en 2023.
De no aprobarse ninguna prórroga, la nueva ley entrará a regir a finales de febrero de 2020.
Esa posibilidad genera gran preocupación entre los jueces del Consejo Nacional de la Jurisdicción Agraria debido a los serios retrasos en el proyecto de implementación de la nueva normativa.
Entre las tareas claves pendientes está el rediseño de todos los procedimientos que vienen en el Código Procesal Agrario, los cuales son más amplios que el Código Procesal Civil.
También siguen pendientes las plantillas que se utilizan para el trámite de cada uno de esos procedimientos.
Además falta adaptar las plantillas del Código Procesal Civil y la Reforma Procesal Laboral en los juzgados agrarios.
CELERIDAD
La estrechez fiscal en la Corte también afecta la celeridad en algunos procesos.
“Si hay un tema en el que es constante la rendición de cuentas del Poder Judicial es en la justicia pronta y cumplida. Me parece que es el núcleo central de la rendición de cuentas. La estrechez de recursos agrava la situación de la celeridad, estamos buscando otras fórmulas para sacar adelante el trabajo”, agregó Cruz.
Por último, también mencionó que en cuanto a las reformas para darle mayor transparencia a la institución se ha avanzado correctamente, aunque no a la velocidad necesaria.
Destaca que sigue pendiente terminar de analizar el procedimiento para juzgar a miembros de los supremos poderes. Del otro lado de la moneda celebra la aprobación del nuevo Código de Ética.