Fue hace más de 11 años que se promulgó la Ley N°9161, la cual introdujo el artículo 77 bis en la Ley N°8204, generando una acción afirmativa en materia de género en nuestro país, propiamente en lo que respecta a la proporcionalidad en la sanción penal de las mujeres que introducen droga a los centros penitenciarios.
No obstante, su aplicación efectiva ha tenido un proceso mucho más lento, y ni que decir su vinculación con la justicia restaurativa.
Esta última, a pesar de haberse desarrollado como un programa desde hace más de una década, fue hasta con la Ley de Justicia Restaurativa, que se le otorgó un sustento normativo sólido para su implementación.
Ahora bien, en estos momentos Costa Rica da un paso fundamental hacia la implementación de un enfoque más humano, equitativo y transformador en el sistema de justicia.
Esto por cuanto, mediante la cooperación internacional, propiamente de la Unión Europea, y de la articulación interinstitucional entre el Poder Judicial, el ICD y el IAFA, se logró confeccionar el Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a Mujeres que Cometen Delitos Menores de Drogas, en el marco del artículo 77 bis de la Ley N°8204.
La justicia restaurativa, a diferencia de los enfoques punitivos tradicionales, pone énfasis en la reparación del daño causado y en la restauración del equilibrio social.
Es un proceso que busca la rehabilitación, el diálogo, la escucha activa y la comprensión de las causas que llevan a una persona a cometer un delito.
En este contexto, las mujeres que enfrentan cargos por delitos menores relacionados con las drogas no son vistas únicamente como infractoras de la ley, sino como personas que, en muchos casos, han sido víctimas de diversas formas de violencia, discriminación y exclusión social.Por esta razón, este protocolo se construye con una visión integral que busca ofrecer una oportunidad para que estas mujeres reconozcan el impacto de sus acciones, reparen el daño causado y, lo más importante, reciban el acompañamiento necesario para reconstruir sus vidas de manera efectiva.
Con esta perspectiva, no solo se beneficia a las mujeres implicadas en el proceso penal, sino que también se contribuye a la creación de una sociedad más justa y equitativa.
La rehabilitación y la reintegración de estas mujeres en su comunidad mejoran su bienestar personal, pero además fortalecen el tejido social y reducen las tasas de reincidencia en delitos menores.
En este camino, será fundamental que sigamos trabajando juntos, de manera coordinada, para garantizar que este protocolo no quede solo en el papel, sino que sea una práctica cotidiana que transforme la vida de las mujeres y de la sociedad en su conjunto.
