Los sindicatos de varios sectores sociales aseguran oponerse de manera rotunda a la insistencia del gobierno en negociar un préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras la presentación que hizo el Ejecutivo a las fracciones legislativas del listado de propuestas que llevará al organismo internacional, los gremios se alzaron en contra.
Ellos consideran que el gobierno posee alternativas distintas a acudir al financiamiento, inclusive algunos le achacan que no tomara en consideración lo discutido en las mesas de diálogo multisectoriales.
“Esto implica una involución en el salario de los empleados públicos de al menos 10 años y lo peor es que el Ejecutivo no ha tenido la habilidad de hablar de reactivación económica, la reconstrucción del tejido productivo del país”, comentó Lenín Hernández, del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae).
Zapote anunció que las negociaciones con el FMI iniciarían el lunes 11 de enero, precisamente el mismo día que los diputados retornan de sus vacaciones.
“El pueblo ha sido enfático y lo manifestó abiertamente en las calles, no más impuestos, no se debe subir el IVA, tampoco el impuesto al salario escolar”, insistió Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
MESAS DE DIÁLOGO
Durante las semanas posteriores a las jornadas de protestas que se presentaron entre setiembre y octubre de 2020, algunos sindicatos participaron en las mesas de diálogo multisectoriales que convocó el gobierno.
En esa ocasión, la administración anunció con bombos y platillos que los acuerdos a los que habían llegado podrían solventar cerca de un 2,18% del Producto Interno Bruto (PIB), dato inferior al que se propuso al inicio de las mesas que era de un 2,5% del PIB, es decir casi ¢1 billón.
“Se hizo un esfuerzo en la mesa multisectorial donde pusimos 38 propuestas para combatir el fraude y la elusión fiscal, y lo preocupante es que estamos en un año de proceso electoral donde los políticos van a buscar engañar de nuevo a los costarricenses”, explicó Luis Chavarría, de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).
“El intransigente gobierno de Alvarado ni siquiera valora discutir propuestas alternativas, como la de recurrir a las reservas internacionales del BCCR, por ejemplo, en donde se encuentran más de $8 mil millones”, añadió Laura Vargas, de la Asociación de Empleados del ICE (Asdeice). A inicios de este año, varios gremios confirmaron a DIARIO EXTRA que no descartan la realización de manifestaciones contra las negociaciones y la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, mismas en las que inclusive participaría Rescate Nacional.
Lenín Hernández
Sinae
“Lo que preocupa es que anuncian un recorte del 1,5% del gasto, existiendo la aplicación total de la regla fiscal, esa medida implica un debilitamiento de los programas sociales y de educación, e inclusive la Caja del Seguro. Hay algunos que tienen mucho capital y que por años han sido expertos en evasión y elusión en especial en medio de la pandemia”.
Luis Chavarría
Undeca
“Se ha propuesto que se recojan debidamente los impuestos, pero vemos que el gobierno y diputados promueven el crédito y de ahí que la responsabilidad es compartida, ellos han venido a gobernar para el sector empresarial y darles garrote a todos los costarricenses. A pesar del congelamiento de los salarios, el gobierno insiste en endilgarles al bolsillo de los trabajadores el peso de la crisis”.
Albino Vargas
ANEP
“El gobierno tiene alternativas para tener ingresos frescos, como el impuesto solidario a las zonas francas y establecer la renta mundial o el impuesto especial para las megafortunas o a las grandes transacciones bancarias, no cuando uno va al cajero a sacar los cinquitos”.
Bernal Ávalos
Upins
“Estamos en total desacuerdo, es demasiada la insistencia del gobierno de burlar el sentimiento del pueblo”.
Laura Vargas
Asdeice
“La ruta (del gobierno) es el sacrificio del pueblo a través del pago de nuevos impuestos, el deterioro de los servicios públicos y el detrimento de la inversión social, que se verá gravemente afectada cuando simplemente ya no haya dinero para comedores o pensiones del régimen no contributivo, por citar sólo algunas de las posibles afectaciones”.