El estancamiento salarial de los funcionarios del Poder Judicial durante los últimos cinco años ha generado una serie de acciones por parte de los sindicatos para revertir la situación.
En semanas recientes, representantes gremiales se presentaron ante la Corte Plena para señalar que el aumento del sueldo debe darse para contrarrestar el incremento en el costo de vida.
A pesar de que la propuesta fue rechazada anteriormente por los magistrados al aducir razones relacionadas con la Ley Marco de Empleo Público, con el apoyo de varios jueces de la Sala Tercera, los gremios han encontrado la forma de ser escuchados para que se reconsidere la solicitud de aumento salarial que, según manifiestan, es el asunto responsable de la salida de cientos de funcionarios judiciales.
No obstante, para dar más peso a la petición, un frente común de organizaciones sindicales se ha reunido para iniciar el proceso de una convención colectiva única.
Jorge Cartín, secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), indicó a DIARIO EXTRA que, aunque el trámite será extenso, es la mejor manera de darles garantía a los temas salariales de los colaboradores.
“El proceso está iniciando y surge a raíz de la serie de gestiones que se han venido haciendo para ver si se manejan las condiciones salariales de las personas trabajadoras judiciales”, dijo.
Además, externó que esta lucha va en dos vías, una con la intención de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que aseguran se ha visto disminuido en promedio un 15%. Por otra parte, plantean que se puede establecer como una política de retención del talento humano y así contrarrestar la huida de empleados del Poder Judicial.
“Hemos realizado un trabajo de concientización en las autoridades judiciales, haciéndoles ver mediante votos de la Sala Constitucional, que la convención colectiva es una herramienta válida a nivel constitucional, a nivel legal, lo dice el Código de Trabajo y los convenios internacionales de la OIT”, afirmó Cartín.
Asimismo, explicó que la Ley de Empleo Público no puede prohibir en la convención colectiva que se adquieran mejoras a los derechos laborales en general, incluyendo los temas salariales.
“Otras instituciones, como la Universidad de Costa Rica, municipalidades y el mismo Gobierno acaban de subir el salario de los policías, desconociendo aspectos que los magistrados dicen que impiden tomar esas decisiones”, detalló el representante de Sitrajud.
Las organizaciones gremiales proyectan que 300 funcionarios judiciales podrían renunciar al finalizar 2024, conforme un estudio presentado en Corte Plena.