Sindicatos de educación rechazan acusación de Colypro contra 1.250 docentes

Los sindicatos docentes Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) rechazaron las afirmaciones del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) sobre la existencia de 1.250 docentes que estarían en apariencia ejerciendo la profesión de forma ilegal en el sistema educativo público.

Las organizaciones sindicales calificaron de “temerarias” las declaraciones del colegio profesional y defendieron que las personas educadoras con nombramiento en el Ministerio de Educación Pública (MEP) no pueden ser consideradas delincuentes, ya que fueron contratadas conforme a las normas jurídicas vigentes y al principio de legalidad.

Según indicaron, el Manual Descriptivo de Puestos Docentes no exige la incorporación al colegio profesional para optar por varias categorías docentes, por lo que, a su criterio, dicha normativa ampara a quienes ejercen bajo esas condiciones.

Los sindicatos añadieron que este manual se fundamenta en el artículo 5 de la Ley N.° 4770, que establece en cuáles puestos se requeriría la colegiatura, sin incluir a docentes de educación preescolar y primaria.

“Hoy en día, ningún docente ha sido despedido ni condenado judicialmente, por no estar incorporado a Colypro y estar laborando como docente para el MEP”, cita el comunicado sindical.  

Las agrupaciones también denunciaron lo que calificaron como una “campaña intimidatoria” por parte del órgano colegiado contra el personal docente, al considerar que este tipo de señalamientos afecta la estabilidad emocional de quienes ejercen la profesión.

Contexto

El pronunciamiento surge luego de que la Fiscalía de Colypro advirtiera que 1.250 docentes que laboran en el sistema público estarían ejerciendo ilegalmente la profesión al no estar incorporados al colegio profesional, pese a recibir salarios e incentivos propios de la carrera docente.

Ante esta situación, el colegio profesional indicó que se preparan procesos penales por presunto ejercicio ilegal de la profesión e incluso enriquecimiento ilícito, al asegurar que la colegiatura es un requisito obligatorio respaldado por la legislación vigente.