Una treintena de organizaciones sociales se reunieron este jueves en la Universidad de Costa Rica (UCR) con el fin de trazar la estrategia para confrontar al Gobierno de presidente Rodrigo Chaves y lo que llaman “su receta neoliberal”.
Entre los distintos movimientos sociales y sindicatos presentes estuvieron la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), la Central General de Trabajadores (CGT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (Fentrap) y otros.
El primer objetivo de las distintas agrupaciones, según indicaron, es combatir la Ley Marco de Empleo Público, que entra a regir a partir de este viernes, tras la firma del expresidente Carlos Alvarado, hace exactamente un año.
El lunes anterior, los diputados votaron negativamente la propuesta del legislador liberacionista Gilbert Jiménez para retrasar la ley, por lo que los sindicatos, de continuar la convocatoria, combatirían una ley en vigencia.
Según manifiestan representantes de los distintos movimientos, en los próximos días definirán si se tiran a las calles en protesta, así como la posibilidad de aplicar otros mecanismos de presión para derogar la ley o sacar a la mayor parte de las instituciones públicas de su rango de acción.
Tras reunirse en el auditorio de derecho de la UCR, los grupos sociales se dirigieron hacia a las afueras del Ministerio de Planificación (Mideplan), ubicado en Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca, donde solicitaron conversar con la jerarca de la cartera, Laura Fernández, sin embargo, la ministra se encontraba en una reunión preparativa de la ley e informó que no podía atenderlos.
INSTITUCIONES EN CONTRA
No solamente los sindicatos se manifiestas en contra de la aplicación de la Lay Marco de Empleo Público, pues desde hace meses una serie de instituciones estatales ha manifestado su oposición a cumplir con lo que esta establece.
Hasta ahora 35 municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial decidieron declarar a todo su personal “exclusivo y excluyente”, con lo que logran ser sacados de la citada ley, al no quedar bajo la rectoría del Mideplan.
Pero, ¿cómo logran salirse de la ley con solo eso? Lo hacen porque la esta establece que “se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución”.
De esta forma, un simple cambio en los estatutos internos permite a cada institución trabajar bajo sus propias reglas. De hecho, la manifestación de sindicatos de este jueves fue, en parte, para solicitar a sus instituciones que establezcan a sus colaboradores dentro de esa categoría, siendo los primeros en solicitarlo los gremios de las universidades estatales.
POSICIÓN DEL EJECUTIVO
Precisamente Mideplan convocó una conferencia de prensa hoy viernes para presentar la implementación de la ley y los distintos puntos en que se afectará la relación del Estado con sus funcionarios, así como el impacto que se espera en el erario.
En la presentación participarán la propia jerarca de Mideplan y el director general del Servicio Civil, Francos Chang, así como asesores y analistas de ambas instituciones.
La semana anterior, el presidente Chaves hizo un llamado a las distintas partes involucradas a participar en un “Diálogo Nacional” sobre empleo público, el cual iniciará el 20 de marzo próximo.
En esa oportunidad, el mandatario reconoció “defectos y huecos legales” que afirma “deben ser corregidos”.
A dicho diálogo se invitó a los jefes de fracción de los partidos con representación en el Congreso, a autoridades del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de las municipalidades, rectores de universidades públicas y sindicatos.
MANIFESTANTES
Deivis Ovares Morales
Secretario de Undeca
“Se vienen muchas protestas frente al Gobierno de Chaves. El Gobierno de Chaves es un subordinado de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y, entonces, lo que vienen, esas políticas, es a atacar los programas sociales, a quitar becas, a quitar plata para los comedores escolares, la gente sabe de qué estamos hablando, a reducirle el presupuesto a vivienda, se ha negado a pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social, se golpea también a los compañeros que trabajan la tierra, que se han sumado para combatir estas políticas del Gobierno”.
Hugo Sandoval Vargas
Líder de Alianza Campesina
“Vamos a ser claros y sencillos. El Gobierno nos dejó plantados en una mesa de diálogo que habíamos abierto a partir del 5 de octubre. Teníamos una conversación sobre cómo íbamos a trabajar la compra de tierra para las familias de Medio Queso, en Los Chiles, y otros sectores del país. Pero el Gobierno, al cambiar al presidente del Inder, nos dejó plantados. Hoy hemos venido a pedirle apoyo a los sindicatos”.
Marvin Padilla Lemos
Secretario de la APSE
“Buscamos acercamiento entre los distintos movimientos sociales con el fin de organizar un movimiento fuerte en contra de estas políticas que actualmente han generado un abismo en la sociedad costarricense, como lo es el deterioro de la calidad y de las condiciones de vida de los costarricenses. Las leyes de Empleo Público y de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas prácticamente lo que vienen a hacer es una situación caótica para todos los trabajadores. Hay un sin sabor con las pretensiones de reducción del Estado”.