
El Movimiento Sindical rechazó la decisión del Gobierno de desconocer a sus representantes ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), calificándolo como un “grave precedente” contra la democracia.
Las organizaciones defienden que la elección de sus voceros les pertenece y debe ser respetada.
La controversia surge tras el rechazo al nombramiento de Rocío Alfaro, los sindicatos alegan que podría deberse a represalias y a posibles “elecciones a dedo”.
Los sindicatos exigen que el Ejecutivo respete la ley y sus decisiones internas, además llaman a evitar interpretaciones restrictivas “que afecten la representación legítima” de los trabajadores.
Advierten que la parálisis de la Junta Directiva impide tomar decisiones críticas, lo que pone en riesgo directo el derecho a la salud de la población.
“Al no poder sesionar formalmente, el funcionamiento administrativo y operativo de la institución se encuentra comprometido”, señaló Rocío Alfaro.
Ante este escenario, los gremios anunciaron que analizan posibles medidas de presión social y acciones legales, tanto administrativas como judiciales.
El objetivo es defender la “autonomía sindical” y el Estado Social de Derecho frente a lo que consideran una intervención ilegítima del Ejecutivo.

