Para Zonta el nombramiento es ilegal, ya que violenta el artículo 27 de la Ley del Banco Popular, el cual estipula que los nombramientos del gerente y subgerentes del banco, deben realizarse con al menos dos representantes de los trabajadores.
Tras el nombramiento de Geovanni Garro como el nuevo gerente del Banco Popular, el sindicato de la entidad bancaria augura un enfrentamiento con los directivos de la institución, y la apelación de la elección ya sea a través de una acción de inconstitucionalidad o una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo, así lo expresó Oriette Zonta, secretario general del sindicato.
Para Zonta el nombramiento es ilegal, ya que violenta el artículo 27 de la Ley del Banco Popular, el cual estipula que los nombramientos del gerente y subgerentes del banco, deben realizarse con al menos dos representantes de los trabajadores, “la Junta Directiva por mayoría no inferior a cinco votos designará al gerente y subgerentes por un período de 5 años (…) y la indicada mayoría deberá incluir por lo menos dos representantes de los trabajadores” apunta dicho artículo
¡ILEGAL!
El mismo argumento ha venido señalando la Asamblea de Trabajadores cuyos integrantes están a la espera de que la presidenta Laura Chinchilla ratifique los puestos de este sector dentro de la Junta Nacional del Banco Popular.
“Una vez más se atropella los derechos y voluntad de la población trabajadora. No puede ser que una junta pro témpore nombrada en su totalidad por el gobierno haya realizado esos nombramientos, pues carecen de legitimidad sin el voto de representantes de los trabajadores, los cuales aún esperan la ratificación de parte de la señora Presidenta de la República, luego de 5 meses”, aseguró el presidente del Tribunal Electoral de la Asamblea, Freddy González.
El excandidato presidencial Rolando Araya, también apuntó una ilegalidad en el nombramiento y publicó en su perfil de Facebook.
“El Poder Ejecutivo usa el pretexto de este caso, para no juramentar a los nuevos miembros, cuando es público que su interés se centra en dejar a Francisco Antonio Pacheco en la presidencia. Esta acción es arbitraria, antidemocrática, prepotente e ilegal. Para completar el drama, la Junta Interventora decidió nombrar gerentes, también de manera ilegal. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Hay alguna poderosa autoridad superior con intereses bancarios que pretenda controlar el Banco?”
RATIFICACIÓN
Actualmente la junta cuenta con dos representantes del sector trabajador, pero según alegan responden a una junta pro tempore, fueron nombrados por el Gobierno, y deben ser ratificados por Chinchilla, al igual que los otros puestos de las señoras: Ivannia Quesada y Olga Quirós, por lo que el nombramiento de Garro es improcedente.
Así la cosas, el sindicato hizo el llamado a la Junta Directiva, presidida por Francisco Antonio Pacheco a echar reversa con la designación de Garro, de lo contrario la agrupación tomará las medidas legales, y buscarán el respaldo legislativo.
Por su parte la Asamblea de Trabajadores decidirá el próximo sábado si recomienda la destitución de alguno de los directivos, como se lo faculta el artículo 22 de la Ley del Banco Popular.
Pacheco ha defendido la designación de Garro como una elección legal y dentro de las facultades de la Junta.