El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) acusó penalmente a Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por los presuntos delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
La denuncia la interpuso Lenin Hernández Navas, secretario general del sindicato, ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el pasado 19 de diciembre.
A criterio de Hernández, Esquivel faltó al deber de probidad porque la Ley Constitutiva de la institución establece que la funcionaria debe velar por el sistema de Seguridad Social en Costa Rica.
Dijo que la denuncia no corresponde a un acoso político o revanchismo, sino que se trata de ese deber de cualquier servidor público, indistintamente de su género.
“Estamos hablando como responsabilidad que como funcionario público y aún más en una institución que es el pilar fundamental de nuestra democracia y de nuestra seguridad social”, precisó Hernández.
Según el representante sindical, Hernández actuó de manera contraria a la legalidad al señalar que la CCSS no debía pagar algún tipo de reajuste salarial debido a que este estaba en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Ricardo Marín, asesor legal de Sinae, indicó que la denuncia se dirige hacia dos ejes: la falta a la función pública y el deber de probidad.
Marín agregó que Esquivel incurrió en contradicciones porque cuando ocupó el cargo de magistrada suplente atendió una consulta relacionada con la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“El principio de probidad consiste en cumplir o anteponer un interés sobre la función pública a cualquier interés subjetivo o privado que exista.
En su momento, en el 2018, la presidenta ejecutiva de la CCSS, como magistrada de la Sala Constitucional, que es el ente superior para dar una interpretación sobre si la Caja tenía una autonomía o no respecto a la Ley Fiscal, evidentemente hay una resolución de ella donde la resolución dice que la Caja no se encuentra sometida a la regla fiscal y que los alcances de dicho proyecto no aluden a la institución autónoma”, puntualizó Marín.