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El reciente reconocimiento por parte del Consejo de Transporte Público (CTP) sobre la ausencia de protocolos para la atención de personas con discapacidad en el sistema de autobuses del país, revela una realidad que trasciende el ámbito del transporte público: el Estado costarricense mantiene una deuda histórica con una población que representa el 17,2% de los habitantes del país, equivalente a más de 676.000 personas.
La confesión institucional surge tras la caída de un menor con discapacidad desde una rampa de autobús en Ciudad Colón, un incidente que pudo haber tenido consecuencias fatales. Sin embargo, este hecho aislado no es más que la punta del iceberg de una problemática sistémica que evidencia la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de esta población.
A casi tres décadas de la aprobación de la Ley 7.600, que establece la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, las instituciones públicas aún no han logrado articular respuestas coherentes y efectivas. El CTP, el Conapdis y otras entidades reconocen que apenas están iniciando un proceso de tres meses para desarrollar protocolos que deberían haber existido desde hace años. Esta tardanza es inadmisible cuando se trata de derechos humanos fundamentales.
La situación es particularmente grave considerando que el 71.6% de las personas con discapacidad enfrentan dificultades severas para realizar actividades cotidianas, y que solo el 40,7% de personas con discapacidad tienen trabajo. Estas cifras reflejan no solo barreras físicas, sino también la ausencia de políticas públicas integrales que faciliten la inclusión social y laboral.
Es cierto que el sector privado ha mostrado esfuerzos por cumplir con las normativas de accesibilidad. Los empresarios del transporte público han invertido en rampas, capacitación y adaptaciones vehiculares. Sin embargo, estos esfuerzos se diluyen ante la falta de coordinación estatal y la inexistencia de protocolos claros que unifiquen las acciones.
La presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, Silvia Bolaños, señala acertadamente que el problema es integral: no basta con tener rampas si las aceras están en mal estado, no sirve capacitar conductores si no existe respaldo institucional ante los conflictos que puedan surgir. El sector privado no puede suplir las deficiencias del Estado en materia de infraestructura pública y regulación.
La desconexión entre los esfuerzos privados y el respaldo estatal genera un círculo vicioso donde las buenas intenciones se estrellan contra la realidad de un sistema público deficiente. Las municipalidades no garantizan aceras accesibles, las instituciones no tienen protocolos claros, y las personas con discapacidad quedan atrapadas en un limbo de derechos reconocidos pero no garantizados.
Esta situación exige una respuesta urgente de la sociedad civil. Es hora de que los costarricenses asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y exijamos que el Estado cumpla con su obligación constitucional de garantizar la igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad no necesitan caridad, necesitan que se respeten sus derechos.
La inclusión no es un favor social, es un imperativo de justicia. Costa Rica se enorgullece de ser un país de derechos humanos, pero esa retórica pierde sentido cuando más de 676.000 compatriotas enfrentan diariamente barreras que limitan su desarrollo personal y profesional.
El compromiso no puede limitarse a declaraciones oficiales o a la elaboración de protocolos que tardan décadas en materializarse. Se requiere acción inmediata: presupuestos específicos, plazos perentorios para la implementación de mejoras, y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La sociedad costarricense tiene en sus manos la oportunidad de transformar esta realidad. Es momento de pasar de la retórica a la acción, de las buenas intenciones a las políticas efectivas. Las personas con discapacidad han esperado demasiado tiempo. La hora de actuar es ahora.