Afectados presentarán denuncia contra el Estado
Decenas de pasajeros que viajaban en bus, el cual sufrió un accidente de tránsito en el sector de Cambronero, no han recibido ningún tipo de indemnización. Así lo aseguró Juan José Acuña, abogado que representa a los afectados y también, a familiares de los fallecidos. Cabe señalar que el saldo mortal fue de nueve personas.
“A dos años del accidente de Cambronero, el tema ha avanzado muy mal, ¡totalmente burocrático!, es una segunda catástrofe. El Instituto Nacional de Seguros (INS) cubrió lo que por ley debía: hospitalización hasta por ¢6 millones, sin embargo, respecto a la póliza de responsabilidad civil que tenía el autobús nos dieron la espalda y es una injusticia.
No nos dieron explicaciones de pólizas por ser información privada entre la empresa de buses y la aseguradora. Por otra parte, declinaron indemnizar por daños y perjuicios, ¡no van a pagar nada a personas fallecidas!”, manifestó a DIARIO EXTRA.
Acuña dijo que, en algunos momentos, hubo acercamientos entre los afectados, el INS y la empresa autobusera, no obstante, todo quedó en palabras. Incluso, buscaron acercarse a Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, para encontrar soluciones, pero todo quedó en intenciones.
“En su momento dijeron tener anuencia, se quitaron la responsabilidad de encima. Lo mismo con el Gobierno, al principio hubo buen clima, sin embargo, de la noche a la mañana también nos dieron la espalda, ¡algo ocurrió!”, añadió.
Así las cosas, el abogado manifestó que la única opción que les queda es presentar una denuncia contra el Estado costarricense.
“Demandaremos formalmente ante el Contencioso Administrativo, sabemos que es un trámite complejo, puede durar entre siete a diez años, ¡queríamos evitar eso! Siempre actuamos de buena fe, el solo hecho de cómo fallecieron fue terrible y queríamos actuar de buena fe, pero lastimosamente todo el mundo nos dio la espalda. Estamos atados de manos”, indicó.
Según la Ley 3.503, para prestar el servicio de buses, las empresas deben contar con un Seguro Obligatorio Automotor y pólizas que cubran la responsabilidad por lesión o muerte de terceros.
En octubre de 2022, DIARIO EXTRA contactó con Germán Alfaro, gerente de la empresa Alfaro, quien indicó que el autobús contaba con seguros, con cobertura “A y C”, no obstante, dijo que “no tenía responsabilidad por tratarse de un accidente por causa mayor” y el INS lo catalogaba como una “víctima más”.
“Hubo una comisión en la Asamblea Legislativa, la de Infraestructura, que hizo una amplísima investigación, donde se dice que hubo responsabilidad y negligencia del Estado. Estamos esperando que se apruebe ese informe para sumarlo a la denuncia, ese documento también lo presentaremos como prueba”, explicó.
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Según el Consejo de Transporte Público (CTP) el bus que en el que se transportaban las víctimas incumplía los requisitos para prestar el servicio y contar con los seguros establecidos por ley.
Así consta en el acta CTP-DT-DAC-OF-1265-2022, de la sesión de la junta del CTP, de 21 de septiembre del 2022, en el que la unidad de la empresa Alfaro transitaba la ruta N° 1.507
“Esta situación se ha saldado con la muerte de nueve personas y en el caso concreto del vehículo siniestrado, existe el riesgo de que los familiares y herederos de las víctimas mortales y los heridos del accidente no se encuentren cubiertos por las pólizas de seguro, que, por mandato de ley, deben amparar a las unidades de transporte público para incidentes como el ocurrido el pasado fin de semana”, dicta el oficio.
Por otra parte, el automotor habría circulado de manera irregular durante nueve meses.
Según la Ley 7.600, no se permite la circulación de autobuses después de transcurridos quince años de su fabricación y dicho plazo es improrrogable.
El oficio CTP-DAC-OF-0008-2023, en el que Pablo Rosales Apú, encargado del Departamento de Administración de Concesiones y Permisos, señala que, para el 17 de setiembre de 2022, fecha del accidente el automotor “no contaba con la autorización del CTP para operar en la ruta Nº 1.507, dado que dicha unidad, por ser año modelo 2006, su vida útil concluyó el 31 de diciembre del 2021”.
¿QUÉ DICE EL INS?
DIARIO EXTRA consultó con el INS sobre el tema e indicaron que han brindado atención médica a 36 lesionados y se indemnizó a los beneficiarios de nueve fallecidos.
“En total se han invertido ¢145 millones en la atención de esas 36 personas que sufrieron lesiones y en la indemnización a los familiares de las nueve personas fallecidas. El Instituto Nacional de Seguros, como entidad aseguradora, está imposibilitado para revelar datos de los clientes, por lo tanto, no es posible referirse a casos específicos”, señalaron a DIARIO EXTRA.
“De forma tal que no es correcto afirmar que siguen sin tener atención médica a propósito de este accidente y en el caso de las familias dolientes, no hay ningún apoyo para recuperar o al menos mitigar la afectación por la pérdida de sus seres queridos”, concluyeron.
INTERVENCIÓN OBRAS EN ENERO
Tras dos años de la tragedia provocada por un deslizamiento en la zona, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte ha iniciado los trabajos correspondientes para garantizar la seguridad de quienes transitan la ruta 1.
Según explica la institución, se encuentran realizando trabajos de “suelo cosido” en los taludes alrededor de la carretera, además de disipadores de agua al pie de las vías, para así evitar los derrumbes en la zona.
Sumado a ello se colocarán barreras metálicas para contener la caída de materiales como piedras, tierra o plantas y árboles. Se concluirá el trabajo con la reconstrucción de un muro de terramesh, es decir, una estructura muro compuesto de gaviones y una malla.
Los trabajos no representan un motivo de cierre de la carretera y se espera estén concluidos para enero de 2025.